El difícil retorno de Cubillas

Sin embargo, en un golpe de efecto, el presunto colaborador de la banda terrorista se presentaba el lunes en la Fiscalía venezolana para pedir que se le abra una investigación, argumentando «indefensión» ante las acusaciones en su contra y solicitando que se aclare si los dos presuntos miembros de ETA que dijeron que les había entrenado en Venezuela –Xabier Atristain y Juan Carlos Besance– «fueron objeto de torturas o cualquier otro tipo de coacción en sus declaraciones».

Cubillas, seguramente aconsejado por su abogado, Marino Alvarado –que le acompañó a la Fiscalía– hizo uso del artículo 290 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) de Venezuela, donde se refiere que «quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto».

El paso siguiente lo dio el Ministerio Público venezolano al anunciar poco después en un comunicado que ha designado al fiscal Richard Monasterios para investigar la presunta vinculación de Arturo Cubillas con ETA y las FARC.

No obstante, una vez en marcha el procedimiento, el gran escollo será lograr la extradición de Cubillas a España, pues como ha señalado el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, «tiene la nacionalidad venezolana y jurídicamente es complicado».

Según el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, «el Gobierno español sólo puede hacer la acción fuera de España contra ETA con la colaboración de otros países». El titular de Justicia se mostraba este domingo «convencido» de que «poco a poco» la estrategia seguida con Francia «va a dar resultados» en el caso del país suramericano. En relación al tratado de extradición vigente con Venezuela, Caamaño puntualizaba, en declaraciones a Ep, que incluye una cláusula «normal en casi todos los convenios» que especifica que los países «no tienen por qué extraditar a sus nacionales». Y, en este caso, Arturo Cubillas tiene nacionalidad venezolana, por lo que «es más difícil poder actuar sobre nacionales de un país». «Eso no quiere decir que no se pueda ver qué medidas se pueden adoptar dentro de su propio país, o qué mecanismos jurídicos o legales podemos poner en marcha», puntualizaba.

Este asunto fue ampliamente debatido en otro diario de Caracas, «El Universal», que apuntaba que el Estado venezolano está obligado a llevar adelante la investigación aun cuando no se produzca la extradición. Según Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «en materia jurídica internacional, cuando se tiene la doble nacionalidad prima el principio de la nacionalidad efectiva» –la que se ejerce en ese momento–, «en el caso de Cubillas, la venezolana».

En el supuesto de que España no pudiera extraditar al funcionario caraqueño, el Estado venezolano no estaría liberado de cooperar por vía judicial «para que los elementos de juicio que puedan tener en sus manos contra Arturo Cubillas puedan viajar a la Audiencia Nacional española, por lo cual este órgano bien podría expedir una rogatoria, venir a interrogar a Cubillas a Venezuela e incluirlo en el expediente», según Aguiar. Es más, el país que no acuerda la extradición tiene la obligación de juzgarlo en territorio nacional.

Mientras, el ex diplomático venezolano Diego Arria, que ha sido citado para declarar por videoconferencia por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el 15 de noviembre –aunque ha pedido cambiar la comparecencia para diciembre–, considera que la investigación no va a prosperar por la cercanía de Cubillas con funcionarios de «alta jerarquía».

También ha sido llamado por Velasco el general retirado Néstor González, quien fue uno de los militares que se pronunciaron contra Chávez en 2002 y que estuvo a cargo de la frontera entre Venezuela y Colombia. Precisamente ayer, la Fiscalía venezolana pidió a Interpol emitir una «alerta roja» contra el militar que descubrió las supuestas conexiones entre la banda terrorista ETA y las FARC.



Cómo revocar la nacionalidad
- La Constitución de Venezuela establece en su artículo 69 que los venezolanos, lo sean por nacimiento o por naturalización, no pueden ser extraditados. Sin embargo, si una persona es solicitada por un Gobierno extranjero y se demuestra que adquirió la nacionalidad para evadir la justicia de esa nación, entonces se debe proceder a revocarle la carta de naturaleza y a extraditarlo.

- El penalista Alberto Arteaga explica en el diario «El Nacional» que la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía indica en el artículo 48 las causas por las que los venezolanos por naturalización pueden perder la nacionalidad. La norma indica que «dejarán de serlo cuando hayan participado directa o indirectamente en actos que afecten la seguridad de la nación o cuando hayan adquirido la nacionalidad para sustraerse de las leyes nacionales o extranjeras».

- Cubillas podría entonces, siempre que se cumpla con todos los requisitos legales, perder la nacionalidad venezolana y ser extraditado.