Los ciudadanos piden más implicación de las administraciones ante los ruidos

VALLADOLID- Los ruidos conforman unas de las quejas reiteradas de los castellanos y leoneses ante el Procurador del Común, a la vez que reclama una mayor implicación de las administraciones públicas para erradicar las molestias. Por ello, Javier Amoedo, planteó que los expedientes sancionadores, además de multas, vayan un paso más adelante, y se suspenda la activo clausura del establecimiento con la mayor urgencia en supuestos de reincidencia.

Fueron más de de 2.400 las quejas recibidas por esta figura durante 2011, por lo que Javier Amoedo defiende que los ciudadanos presentan más quejas en las comunidades autónomas que cuentan con un Defensor Autonómico y subrayó que suponen 14,09 quejas por cada 10.000 habitantes, un dato que comparó con los de Extremadura, Baleares o Cantabria, donde no existe un comisionado ciudadano autonómico.

Para Amoedo, el Procurador del Común es un «observador cualificado de la realidad y de los problemas de los ciudadanos por su inmediatez para incoar expedientes de oficio sin tener que esperar a la presentación de la queja». Del número de quejas, destacó la base social a la que representan y observó que detrás de las más de 2.000 recibidas hay miles de ciudadanos. Así, en sanidad relató algunas resoluciones en apoyo de enfermos afectados por fibromialgia o la regulación del uso de desfribiladores. Además, destacó que la renuncia a las listas de espera tiene que ser expresa y constar por escrito. En el área de Familia, se refirió a la recomendación de nuevas medidas en los requisitos al acceso de centros y atención a la dependencia.

En el área de medio ambiente, el Procurador del Común destaca la recomendación a los 15 municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León para que pongan un límite espacial para autorizar actos festivos, como una verbena, concierto u otros espectáculos musicales con motivo de fiestas patronales, en lugares próximos a centros sanitarios o residencias de mayores, como mínimo de 150 metros, siguiendo el ejemplo de la ordenanza de Madrid.

En educación, destacó las resoluciones para evitar las largas permanencias de los alumnos en los centros escolares hasta ser recogidos por los vehículos de transporte así como la falta de profesorado para los centros bilingües. La Función Pública es uno de los apartados con más quejas, referidos a la selección del personal y a la conciliación.

Una vez hecha la exposición, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo que el número de quejas al Procurador del Común no ha aumentado por la crisis económica al analizar el periodo 2006-2011 e incidió en que el grueso de quejas se dirige todos los años a la administración local, donde se refirió a la falta de financiación por parte del Gobierno central, mientras que observó que la sanidad, educación o dependencia, que gestiona la Junta, recibe menor número de denuncias.
En este sentido aprovechó para lanzar la invitación del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para acordar el modelo de ordenación territorial que permita prestar los servicios públicos con calidad y eficacia en los pueblos.

Por su parte, la socialista Anara Redondo destacó las «dos velocidades» en el acceso a los servicios públicos entre quienes viven en los pueblos y en las ciudades. «Vivir en los pequeños pueblos sigue siendo, en muchas ocasiones, una proeza», afirmó, para censurar el escaso efecto de los mil millones destinados a la Agenda de la Población.
Por último, José María González, representante del Grupo Mixto sacó los colores a las instituciones que no facilitan información al Procurador.