Claver critica que la Ley de Aguas ponga en peligro los trasvases del Tajo y el Ebro

murcia- Los regantes agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) viven con desazón las novedades que se producen en España en materia de política hidrológica desde que el pasado mes de agosto el Congreso de los Diputados convalidara el Real Decreto en virtud del cual se reformaba el texto de la Ley de Aguas con la clara intención de reconocer a las comunidades autónomas más poder decisitorio sobre los ríos que atraviesan sus territorios.

Según declara a LA RAZÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, esta petición llevada a cabo por el Gobierno a petición de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, buscaba mera y exclusivamente que la Junta de Andalucía mantuviera sobre el río Guadalquivir todas las competencias que recogía el Estatuto de Autonomía de esta región que pretendía gestionar a su antojo el agua del río, impidiendo que lo hiciera la Conferencia Hidrológica del Guadalquivir que es el organismo al que le corresponde.

Claver recuerda que el Gobierno atendió la petición realizada por Andalucía al ministerio para realizar una encomienda que dejara por un plazo de seis meses sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional que dictaba que las competencias del Guadalquivir corresponden al Estado, pero nunca a la Junta andaluza. En opinión del presidente de Scrats, «al ver que en agosto el plazo de la enmienda expiraba se inventaron un decreto-ley por sorpresa y a traición que en realidad es un engendro».

Para Claver, el precedente que sienta el Gobierno con esta modificación de la Ley de Aguas es muy peligroso para la Región porque pone en peligro el actual trasvase Tajo-Segura y el diseño de un futuro trasvase desde el Ebro, ya que Castilla-La Mancha tendría potestá sobre el Tajo y hasta nueve comunidades lo tendrían sobre el Ebro, un aspecto que convertiría prácticamente en inviable la realización de un trasvase desde las cuencas excedentarias hacia las deficitarias. Además, supondría el desmembramiento total del río Segura porque, de acuerdo con lo recogido en la nueva legislación, tendrían competencia sobre él las comunidades de La Mancha, Murcia, Andalucía y Valencia.

Es por esto, que Claver solicita a todas las regiones que recurran el decreto diseñado y al partido que resulte victorioso de las elecciones del 20-N que derogue esta ley para que se evite la fragmentación de una competencia como la hídrica que debe pertenecer al Estado. De lo contrario, desde Scrats se considera que se está poniendo en jaque una regla básica que permite la solidaridad entre comunidades. Por lo pronto, los regantes con representación en el Consejo Nacional del Agua han decidido votar en contra de cualquier tema hasta que se solvente el asunto.