Tribunal Supremo

La defensa de Camps insiste en que pagó sus trajes y pide archivar la causa

Sobreseer, archivar la causa y solicitar al juez una audiencia preliminar para que se practiquen pruebas que demostrarán que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no recibió ningún regalo.

El presidente Camps durante la entrega de los premios Isabel Ferrer con motivo del Día de la Mujer
El presidente Camps durante la entrega de los premios Isabel Ferrer con motivo del Día de la Mujerlarazon

Estos son los fundamentos de la defensa del jefe del Consell que se recogen en el escrito de conclusiones presentado por el abogado Javier Boix ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El documento insiste en que Camps devolvió los cuatro trajes que supuestamente obtuvo como regalos de la tienda Milano. Afirma que nunca estuvo en el citado establecimiento antes de la primavera de 2006, tal y como, según la defensa, ya ha quedado acreditado. Por lo que se refiere a los trajes de Forever Young, afirma que se los cuatro trajes y el par de zapatos allí adquiridos fueron abonados en metálico por el presidente Camps, quien en una ocasión tuvo que pedir dinero al chófer y al escolta para completar la cantidad que se le pedía.

Asegura que cualquier documento que pueda relacionar al presidente de la Generalitat, se debe a «conductas de terceros, a través de determinadas mercantiles, que no guardan relación con él».

El escrito de la defensa también hace referencia a que, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna prueba de que el presidente Camps haya usado las prendas que se le regalaron y, dado su carácter público, «habría sido fácil acreditar su uso», puesto que el presidente tiene una intensa agenda, incluso los fines de semana.

Durante las tres próximas semanas presentarán sus escritos las defensas de Vicente Betoret, Ricardo Costa y Víctor Campos. Será entonces cuando el juez Flors disponga de toda la información para abrir la audiencia preliminar y sobreseer o abrir juicio.

La Fiscalía pide una multa de 41.250 euros por un delito de cohecho impropio y el PSVP (acusación popular), una pena de hasta tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público.