«Perversa utilización delictiva» de la Junta en las ayudas de los ERE

SEVILLA-La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado la prisión provisional sin fianza impuesta por la juez Mercedes Alaya al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y le permite salir de la cárcel si deposita una fianza en metálico –previsiblemente lo hará hoy– de 450.000 euros.

Con todo, uno de los aspectos más destacados del auto de la Audiencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN, es que respalda la investigación de la juez Mercedes Alaya sobre la presunta ilegalidad del sistema ideado en 2001 por la Consejería de Empleo para conceder ayudas a empresas y pagar prejubilaciones. Sin entrar a analizar la legalidad del convenio marco con la empresa pública IFA –luego Agencia IDEA– que sorteó los controles de la Intervención, señala que «sí existen indicios racionales y contrastados de la perversa utilización delictiva de las herramientas que tal convenio proporcionaba así como de la participación del apelante –el ex consejero Fernández– en ese uso desviado».

Ésta es la parte sustancial de la causa de la magistrada, ya que de la instauración y permanencia en el tiempo –diez años– por parte del Gobierno andaluz de un sistema ilegal para la concesión de subvenciones públicas se derivan todas las responsabilidades penales posteriores.

La Audiencia no entra en el fondo porque su fallo se centra en el recurso interpuesto por la defensa del ex consejero en el que reclama su puesta en libertad. Pero sí realiza observaciones que refuerzan la interpretación que hace la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. «Lo que parece en este momento incontestable son las múltiples irregularidades y anomalías que a su amparo –el del convenio– se produjeron, minuciosamente detalladas en la resolución recurrida, que no son rebatidas, y que todavía son objeto de investigación».

Sobre la actuación de Fernández en todo este proceso, el auto asegura que «resulta en estos momentos difícil de aceptar la falta de conocimiento por parte del imputado de lo que sucedía en su Consejería». E incluso dice que aunque el convenio que permitía dar ayudas sin publicidad y de manera discrecional fuera legal, «lo que no podemos aceptar es que desconociera la arbitrariedad a que se prestaba y los efectos perversos que su utilización, como lo estaba siendo, estaba generando».

En otro punto, los cuatro magistrados que resuelven el auto, se refieren al convenio como un acuerdo «de magro contenido», señalan que se mantuvo más allá de su límite temporal –expiró el 31 de diciembre de 2003– y se preguntan por qué «no se normaron esas ayudas», basadas en «unas directrices verbales que se impartían por él –Fernández– y que se prestaban o podían prestar a lo que luego ocurrió».

La Audiencia también constata una evidencia resaltada por los investigadores de la Guardia Civil: que no es «hasta el 1 de abril de 2011 que por Orden de la Consejería de Empleo se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de reestructuración de empresas». Es decir, que el procedimiento seguido por la Junta, también en época de Griñán, ha sido presuntamente ilegal.

Hay otro párrafo trascendente en el auto de la Audiencia. Hasta ahora, la Junta esgrimía que los informes de la Intervención General en los que alertaban de que se estaban tramitando subvenciones «prescindiendo del procedimiento administrativo establecido» no exigían medidas de alerta porque no evacuó un informe de actuación, un código rojo que hubiera obligado a intervenir al Consejo de Gobierno. Dice el fallo: «Exponer que como la Intervención General tras las alegaciones de los servicios jurídicos de la Consejería no realizó informe de actuación sino que se limitó a acoger algunas de las mismas, no tenía razón para dudar de la legitimidad del procedimiento dada la lectura del dictamen, no es un principio aceptable».

En lo que sí discrepa la Audiencia de Alaya es que el ex consejero cometiera irregularidad al acogerse al ERE de González Byass, dado además que no cobró la póliza de rentas financiada por la Junta. Dice que «los indicios de comisión de algunas de las infracciones que se atribuyen al recurrente no tienen la misma consistencia que en los otros tipos examinados». Aunque precisa que, en este caso, serían delitos menores en comparación con los de malversación y prevaricación.

Los cuatro magistrados concluyen que «la medida privatiza de libertad acordada debe ser atenuada» ya que no existe ni riesgo de fuga ni posibilidad de influir en otros imputados. Fija la fianza en 450.000 euros en metálico –cantidad superior a la que pagó Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama «Gürtel» que abonó 200.000 euros tras rebajárselos de los 600.000 iniciales–; le prohiben salir del país; y deberá presentarse todos los martes en los juzgados. Justifican la cantidad en que ha sido alto cargo político durante más de una década y que como presidente del Consejo Regulador del Jerez –último cargo que ocupó– cobraba 6.000 euros mensuales.

Guerrero, libre si paga 250.000 euros
Tras la decisión de la Audiencia, la juez Mercedes Alaya reaccionó con rapidez. Tras la fianza impuesta al chófer Antonio Trujillo (150.000 euros) y la de Fernández, sólo quedaría en prisión el ex director general Francisco Javier Guerrero. Antes de que le revoquen el auto, decidió ayer mismo autorizar la libertad de éste último previo pago de 250.000 euros. Una forma de dejar claro las responsabilidades en la trama: de mayor a menor. Según fuentes consultadas, Alaya considera que no hay proporción entre la cantidad impuesta a Trujillo y la de Fernández. Por eso, fija ella la de Guerrero.

 

Sin propiedades y a merced de familia y amigos
Para recobrar la libertad que perdió hace casi tres meses, el ex consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, deberá abonar en metálico 450.000 euros. Una cantidad «muy elevada», imprevista y que «supera ampliamente» su capacidad económica, según defiende su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Para recaudar esos fondos se recurrirá a «su círculo de parientes y amigos», dado que Fernández no dispone de propiedades suficientes para cubrir esa cifra, según confirmó a LA RAZÓN su representante legal. El letrado lamenta que la Audiencia Provincial de Sevilla haya «tomado en consideración» el salario que el ex titular de Empleo recibía como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, pese a que «ya no lo percibe y no lo volverá a hacer», tras dimitir del cargo, una vez que la juez que instruye el «caso ERE», Mercedes Alaya, lo envió a la cárcel. Martínez del Hoyo defiende que su cliente «nunca» debió ingresar en prisión y confía en que a lo largo del día de hoy sea posible «consignar» los 450.000 euros para «obtener» su puesta en libertad. Cabe recordar que gracias a una iniciativa del ex alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache, Juan Ramón Troncoso, los «amigos» de Fernández en la red Facebook superaron los 300.