Navarro presiona a las asociaciones de usuarios para que no critiquen la medida

Mañana agitada de la ayer para el director general de Tráfico, Pere Navarro, que se deshizo en llamadas a diferentes asociaciones de defensa de los automovilistas para evitar que salieran a la palestra criticando la medida del ministro Rubalcaba de rebajar en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima

Pere Navarro, en bicicleta y sin el casco obligatorio
Pere Navarro, en bicicleta y sin el casco obligatorio

Navarro, un convencido de que la limitación de velocidad reduce los accidentes, ha sido el principal impulsor de esta medida y convenció a Rubalcaba de su idoneidad, no por favorecer la reducción del consumo de carburantes, sino para tratar de disminuir la siniestralidad en la carretera, que se estaba disparando en los últimos meses y ponía en entredicho la política del carnet por puntos.

Por ello, Pere Navarro, que el viernes asistió en primera línea a la declaración de Rubalcaba tras el Consejo de Ministros, telefoneó ayer a los presidentes de los clubs automovilistas más importantes para pedirles que no hicieran declaraciones en contra de la medida hasta no tener una reunión conjunta en la que él personalmente les daría explicaciones.

Plan de Seguridad Vial

La disminución de la velocidad máxima en las autopistas a 110 por hora no es una solución para ahorrar energía, sino una medida encaminada a la reducción de los accidentes de tráfico, contemplada en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 aprobado por el Gobierno y que fija como objetivo reducir el número de fallecidos por accidentes de los 59 por millón de habitantes actuales a 37 en 2020. Es decir, un 37,2% menos.

La estrategia de Rubalcaba y su director general de Tráfico, Pere Navarro, para la consecución de estos objetivos se basa principalmente en tres acciones, de las cuales ya se habían legislado dos hasta la semana pasada. Para la tercera, la de la reducción de la velocidad, el incremento del precio del crudo de la última semana vino como hecho a medida.

La primera de ellas, según el texto gubernamental, era la regulación de la conducción de los menores de 18 años acompañados por un adulto con carnet, como forma alternativa para hacer prácticas para poder presentarse al examen práctico del permiso de conducir. Algo que quedó regulado a finales del pasado mes de enero. La segunda medida contemplaba el incremento en un millón del número de ciclistas que utilicen la bicicleta en sus desplazamientos habituales. Para ello, a mediados de febrero se redactó una normativa que establece privilegios en el tráfico para los ciclistas, tanto en ciudad como en la carretera, y se les permite circular en paralelo aunque interumpan, como es lógico, la velocidad de las vias de circulación. Circunstancia que también colabora en la disminución de la velocidad de los automoviles.

La tercera iniciativa contempla «la reducción en un 50% de los de los vehículos ligeros que superen el límite de velocidad en más de 20Km/h». Una medida que se cumplirá con creces al pasar de 120 a 110 la velocidad máxima si además, como indica el mismo documento, se añaden un centenar de nuevos ràdares destinados a multar por el supuesto exceso de velocidad y, de paso, conseguir nuevos ingresos para la DGT.


Improvisación sin resultados
- La medida ha sido una improvisación más del Gobierno, según los especialistas consultados, pues no hay estudios que demuestren que bajando 10 Km/h. se produzca un ahorro de carburante.
- En la última década, sólo la crisis ha conseguido reducir el consumo de combustible en España. Sin dinero, los coches se quedan parados.
- En el caso de que la medida de ahorro de combustible cumpliera sus objetivos, el Estado dejaría de ingresar más de 2.000 millones de euros en impuestos directos.