Una macroagencia empresarial para cada consejería

SEVILLA- La Junta eliminará en una primera fase 110 entes públicos empresariales y 14 cambiarán de personalidad jurídica. Según aclaró ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento de Andalucía, supone una intervención en el 43,3 por ciento de los 254 entes instrumentales con los que cuenta el Gobierno andaluz –el Ministerio de Economía le atribuye 317, pero la Junta entiende que suma organismos como las universidades que no deben estar incluidas en ese inventario–. La estrategia de la Junta es agrupar en macroagencias a distintas empresas públicas de la misma consejería. Es el caso, por ejemplo, de Egmasa y la Agencia andaluza del Agua, que se unificarán para gestionar de manera conjunta las políticas hidráulicas y de medio ambiente. O de Turismo Andaluz y Deporte Andaluz, que se unirán en un solo ente. Lo mismo ocurrirá con el Servicio Andaluz de Empleo y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. ¿Y de dónde vendrá el ahorro? Martínez Aguayo habló de potenciar las economías de escala: desaparecerán sedes administrativas, delegaciones provinciales y se eliminarán directivos. No cuantificó el ahorro previsto, pero sí lo hizo en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, donde dijo que estaría en unos 33 millones al año. En cuanto a los empleados que trabajan en estos entes instrumentales, el Gobierno andaluz los mantendrá en nómina. ¿Cómo lo va a hacer sin evitar duplicidades? Ese trabajo se desarrollará en una segunda fase, pero la intención es que muchos de esos empleados laborales pasen a cubrir determinados puestos de trabajo en las propias consejerías donde existe falta de funcionarios. Este asunto encontrará la oposición frontal de los sindicatos de funcionarios, que en sucesivas ocasiones se han quejado porque el personal laboral –que no ha pasado un proceso de oposición– asuma funciones de los empleados públicos. Martínez Aguayo defendió que Andalucía no tiene un sector público empresarial «desproporcionado». Aseguró que sólo existen 3,8 entes públicos por cada 100.000 habitantes y recurrió a las comparaciones con otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, para reafirmar su teoría: el coste de personal sobre el Presupuesto en el caso andaluz es del 30,3 por ciento, porcentaje inferior a la comunidad madrileña, que alcanza el 34,5 por ciento. Aún así, la consejera de Hacienda dijo que lo «vamos a hacer mejor», de ahí la intención de «redefinir» el entramado público empresarial. Todo ello, como alternativa a la «incontinencia neoliberal» del PP, que, según dijo, sólo tiene interés en «privatizar».Por parte de los populares, su portavoz Esperanza Oña criticó la ausencia de una verdadera reestructuración que sólo supone un ahorro del 0,6 por ciento de los 5.000 millones anuales que cuesta el sector. Oña criticó que el mayor esfuerzo recae sobre los ciudadanos, que con la «subida de impuestos y los recortes sociales» serán los que pagan la reducción del déficit.Desde IULV-CA, su portavoz, Pedro Vaquero, advirtió de los problemas de duplicidades que generarán las fusiones de empresas y auguró un incremento de la «conflictividad laboral».

El mapa de entes públicos- Egmasa y la Agencia Andaluza de Medio Ambiente se fusionan.- Se crea una nueva agencia para las políticas agrarias y pesqueras.- Nueva Agencia de Instituciones Culturales.- La Agencia de la Dependencia, para las políticas sociales.- El SAE y FAFFE, en una Agencia de Empleo.- Un nuevo ente para los entes de gestión hospitalaria.- Agencia del Conocimiento. Otra para Turismo y Deporte. - Agrupa la red logística.

La primera reforma fiscal, aprobadaLa Cámara aprobó con los votos del PSOE el primer paquete de medidas tributarias de reactivación económica que propuso el presidente Griñán en el mes de febrero. Este decreto combina deducciones fiscales por autoempleo o por adquisición de acciones en empresas andaluzas con otras de progresividad fiscal. Como todavía no había órdenes estrictas de reducir el déficit, este paquete de medidas tendrá un coste neto para la Administración andaluza de unos siete millones de euros. Los beneficiarios se limitan, según datos de la Junta, a unas 23.800 personas.