La primera propuesta de Pajín en Igualdad enciende a los jueces

 Leire Pajín parece haberse disfrazado de Bibiana Aído en su primera decisión como responsable del área de Igualdad, fagocitada por el Ministerio de Sanidad en la última remodelación del Gobierno. Pajín ha vuelto a caer en los mismos errores de su antecesora en la toma de decisiones sobre violencia de género, que no están consensuadas ni apoyadas por las instituciones implicadas.

En el día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad anunció que propondrá en el Consejo de Ministros de hoy una reforma el Código Civil para que los jueces puedan determinar si los imputados por violencia de género deben perder la custodia de sus hijos y no heredar de sus víctimas.

Fuentes del Ministerio explicaron a Efe que la reforma pretende dotar a los jueces de la posibilidad, durante el tiempo que dura el proceso judicial y antes de que exista una sentencia firme, de adoptar como medida cautelar la retirada de la custodia individual al presunto maltratador.

Las asociaciones judiciales calificaron la propuesta de innecesaria, propagandística y peligrosa. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, advirtió de que puede provocar una inseguridad jurídica «tremenda» y perjuicios «irreparables», mientras que la solución es puramente «simbólica». Según Ramírez, el Código Penal ya prevé la posibilidad de que el juez pueda inhabilitar durante un tiempo para el ejercicio del derecho de custodia de los hijos al imputado por maltrato, por lo que no entiende la finalidad de la reforma, en la que ve intenciones propagandísticas. «Es desconocer principios jurídicos fundamentales» en los que debe primar el interés del menor, dijo.

Falsa sensación de seguridad

Para el portavoz de Jueces para la Democracia sería incluso más grave si esa retirada de la custodia se convirtiera en imperativa y no se dejara margen a la discrecionalidad del juez, y además cree que con esa medida se está creando una «falsa sensación» de mayor seguridad a las víctimas.

De la misma opinión es el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que considera que la iniciativa no dice nada que no se esté haciendo ya.

Sexmero insistió en el carácter populista del anuncio, ya que opina que se trata de una medida para recoger por vía legal, algo que ya aplican los tribunales y con la que el Gobierno puede pretender aparentar que «hace algo más de lo que ya había» por cierto efecto propagandístico.

Del mismo modo, el presidente del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, recordó que en la actualidad el juez ya puede retirar la custodia a los maltratadores si alguien lo pide y que las medidas que se adoptan respecto a los menores son siempre revisables. El magistrado consideró que la reforma puede ser peligrosa e incluso anticonstitucional.

Por su parte, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, ya advirtió el pasado martes de los posibles riesgos e indicó que «el Poder Judicial sólo retiraría la custodia en los casos más graves».

Ante el aluvión de críticas, el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado a última hora de ayer para matizar que la propuesta afecta sólo a los maltratadores «incursos en un proceso penal» y que en estos casos «el juez no podrá atribuirles la custodia en los casos de separación y divorcio». «Se trata de proteger el interés superior del menor», que «ha de ser protegido de esta violencia y de quien la causa». «La intención es que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio ante la amenaza de perder la custodia de sus hijos», concluye la nota.