Doctrina Camps

La dimisión de Francisco Camps no sólo ha supuesto un «sacrificio personal para no perjudicar a Rajoy». La renuncia del presidente de la Generalitat procesado por un delito de cochecho impropio por aceptar, supuestamente, el regalo de tres trajes– ha colocado en el punto de mira a casi un centenar de dirigentes socialistas imputados e implicados en asuntos de gravedad y que, sin embargo, continúan en sus cargos.

Y muy altos cargos. Es el caso del candidato a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba y del actual ministro del Interior, Antonio Camacho, implicados en el «caso Faisán» y que podrían testificar en por el chivatazo a ETA. Del vicepresidente primero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, acusado de invertir 10 millones de euros en subvencionar la empresa de su hija. O de José Antonio Griñán, secretario general del PSOE de Andalucía, ya que bajo su mandato se destinaron casi 650 millones de euros en subvencionar ERE falsos.

El debate, sobre la mesa. Mientras no exista una condena en firme, ¿dónde está la responsabilidad política de cada uno? «La presunción de inocencia de nuestra Constitución hace que la dimisión sea una cuestión personal, más de coste político que de obligación jurídica», explica Jorge Urosa, profesor de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. «Al poder ejercer un cargo público estando imputado, puede incurrir en comportamientos no punibles penalmente, pero que no dejan de ser ilegítimos. Los partidos deberían autorregularse en sus propios estatutos y cesar cualquier cargo que incurra en casos de corrupción o comportamientos inadecuados». Otra alternativa es una moción de censura, como la presentada por el grupo nacionalista CC-PNC-CCN contra el senador socialista Casimiro Curbelo, que, a pesar de abandonar el escaño senatorial, sigue al frente del cabildo de La Gomera. «Deberían dimitir, empezando por Chaves y Griñán», considera el sociólogo Amando de Miguel.

«En EE UU Chaves no duraría»
«Como contraprestación a sus privilegios como políticos, si su comportamiento no es ejemplar, deben dimitir». El analista compara la benevolencia española frente a la inmoralidad con la actitud «implacable» de otros países. «En Inglaterra o EE UU Chaves no dura ni un día. Por un tema de infidelidad Clinton dimitió. Y eso se debe a la gran influencia de la opinión pública». Asimismo, De Miguel considera una rémora la dependencia entre el poder político y judicial. «En otros países los fiscales que representan al Estado son elegidos por el pueblo, como si fueran alcaldes. Lo que no es de recibo es que un fiscal pueda decidir si el «caso Gürtel» o el «Faisán» se reactivan. Debería hacerlo un juez para que hubiera mayor imparcialidad».

Tras la decisión de Camps, el «lavado» de imagen del PP mancha la del PSOE. «Si las dimisiones de los socialistas les llevaran a ganar lo harían, es cuestión de oportunidad política», considera Marcial Romero, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. «La responsabilidad también es de los ciudadanos, que ya aceptan la corrupción en la política.

Otros no se andan con medias tintas. «Está la opinión pública y la opinión transmitida durante décadas», comenta Lourdes López, también docente de Ciencias Políticas en la UNED. «Los políticos de izquierda juegan con ventaja porque desde la Transición los socialistas han transmitido a la sociedad que ellos son los dueños de la ética y la moralidad». López se remonta a los primeros pasos de Rubalcaba. «Estuvo implicado en los GAL y eso no perjudicó a su carrera y Zapatero mintió cuando en 2008 dijo que no había crisis. Y ganó». En Islandia, el ex presidente fue juzgado por llevar al país a la quiebra. «En España se debería reaccionar más ante la corrupción. Los imputados deberían mirar el bien público y dimitir si fallan». ¿Demasiada «hibris»?