OPINIÓN: Quién sabe dónde

«Quién sabe dónde» fue un programa presentado por Paco Lobatón, que buscaba a personas desaparecidas. Muchas veces estuve tentado en pedir su ayuda para localizar a los cientos de miles de automovilistas que, al parecer, no encontraban las autoridades de tráfico. Gracias a Lobatón los infractores hubieran tenido noticia de las multas que tenían pendientes, si bien es cierto que el nivel de recaudación hubiera sido menor porque se hubieran presentado más recursos.

O gracias a los periódicos deportivos, que sin duda hubieran tenido mucha más audiencia que los boletines oficiales donde al final se publicaban las interminables listas de cientos de miles de automovilistas desconocidos. En ocasiones eran los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, o algún ministerio, los que aparecían en la lista pública de morosos. Desde 1992, la DGT y el resto de administraciones comenzaron a utilizar este sistema de notificación edictal ante la aparente dificultad de los carteros de entregar las notificaciones en los domicilios de los infractores. Los afectados sólo se enteraban de la existencia de las multas cuando Hacienda les había metido mano en su cuenta bancaria. Entonces, ya no podían recurrir y además tenían que pagar con recargo.

Pero no nos engañemos, la culpa no era del «automovilista desconocido» sino de la propia Administración que durante años ha estado prevaliéndose de su propio incumplimiento de la ley en perjuicio de los ciudadanos, a los que no se les ha garantizado su derecho constitucional a la defensa.

Desde AEA lo hemos venido denunciando sistemáticamente, pero ahora que al parecer se va a poner en marcha un eficacísimo sistema para notificar las multas, lo único que pedimos es que aunque nos sigan metiendo mano en la cartera, por lo menos nos avisen antes, y que si encuentran dificultades para ello se lo digan a Paco Lobatón, en la seguridad de que él sí nos localizará.