Un difícil ajuste de más de 200 millones

Madrid/ Sevilla- La Junta consiguió ayer el visto bueno del Gobierno central a su plan de ajuste en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Un cónclave vespertino en el que se vivieron momentos de verdadera tensión. Hasta aquí la buena noticia y la satisfacción mostrada por la delegación que se trasladó a Madrid encabezada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Lo grave para la comunidad es que tiene que reducir otros 220 millones de euros de gastos, con lo que el importe global del ajuste se eleva a más de 3.700 millones de euros: mil millones con el aumento de ingresos y en torno a 2.700 a través del recorte de gasto.

Martínez Aguayo no aclaró ayer dónde ajustará esta importante cifra adicional, equivalente a lo presupuestado por la Junta para el plan de empleo estrella anunciado por el presidente autonómico, José Antonio Griñán, durante su discurso de investidura. Lo que sí aclararon a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Hacienda es que, en principio, este ajuste no entraña el mayor problema, ya que el Ejecutivo decidió a mediados de abril una retención de crédito de carácter preventivo que se ajusta a la cantidad que ahora hay que recortar. El montante era de 2.696,8 millones de euros.

El principal punto de fricción con el Ejecutivo central ha sido la partida de más de 500 millones de euros prevista por el Ejecutivo autonómico en su plan de reequilibrio financiero (2012-2014) en relación a los fondos europeos. La Junta recoge en el citado informe que «prevé obtener ingresos procedentes de la certificación de gastos de ejercicios anteriores por valor de 506,4 milones de euros cuyo pago ya había sido anticipado por la comunidad».

La problemática en este sentido radica en que las comunidades tienen que adelantar dinero comprometido por Europa que no reciben hasta que certifican toda la inversión. La Junta defiende en su plan que en abril de este año ya existe un volumen de pagos materializados no certificados de más de 1.440 millones. Se compromete a adoptar una batería de medidas para acelerar las certificaciones pendientes sobre el gasto realizado, pero la incertidumbre de la consecución de esta importante cifra no convenció al Ministerio. En el capítulo de ingresos, esta medida, junto con la obtención de hasta 350 millones a través de la venta y realquilado de 76 inmuebles –que no pudieron ser enajenados el año pasado debido a la situación de los mercados– es la que presentaba más dudas de ser admitida por el Ejecutivo central. Las discrepancias se saldaron cuando el Ministerio entendió que Andalucía llevaba «parte de razón» y le concedió «el beneficio de la duda».

Tenso fue el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se esperaba. Tanto es así que técnicos de la Consejería de Hacienda y del Ministerio del ramo tuvieron que establecer una reunión bilateral para intentar llegar a un acuerdo. Andalucía no podía salir de ninguna forma con un suspenso debajo del brazo del Gobierno, aunque el ajuste de 200 millones será duro.