La Fiscalía recopila ya indicios contra Bildu con la doctrina del TC

MADRID- El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, puso ayer en manos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, un minucioso informe en el que recopila –tal y como adelantó ayer LA RAZÓN– casi un centenar de indicios contra Bildu-Amaiur que, según la asociación, son suficientes para poner en marcha el proceso de ilegalización. El propio Torres-Dulce confirmó a Portero que la Fiscalía ya está recopilando indicios contra la formación abertzale en actuaciones en las que podría haber infringido los mandatos expresados recientemente por el Tribunal Constitucional respecto a Sortu para no ser ilegalizado en el futuro.

Al margen de que los indicios sean o no suficientes para impulsar una demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo (TS), las dudas del Ministerio Público se refieren –según las fuentes consultadas– a si es posible aplicar la Ley de Partidos a una coalición electoral. Esta incógnita ya la resolvió el Supremo cuando decidió, por sólo tres votos de diferencia, anular las listas de Bildu, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional rectificó esa resolución y permitió, por un solo voto, que la coalición concurriese a las elecciones municipales en mayo de 2011.

El fiscal general se comprometió con el presidente de Dignidad y Justicia (con el que estuvo reunido por espacio de 40 minutos) a incorporar los indicios recopilados por la asociación a la investigación que llevan a cabo sobre Bildu tanto la Policía como la Guardia Civil. Las denuncias se suman a las que ha efectuado en los últimos meses el sindicato Manos Limpias contra la coalición abertzale, también ante la Fiscalía General.

Entre las pruebas aportadas por Portero figuran la relación de casi una veintena de batasunos a los que Bildu ha colocado en los ayuntamientos en los que gobierna, o en los que dispone de grupo municipal, como altos cargos, asesores o personal de confianza. En ese informe, DyJ se refiere a personas que, en su mayoría, han pertenecido a formaciones «herederas» de la ilegalizada Batasuna: Abertzale Sozialistak, la coalición Aurrera Guztiak, ANV o PCTV. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, según los denunciantes, Iñaki Ezkarrin, ex alcalde de ANV de Azpeitia (Guipúzcoa), «que fue depuesto por no condenar el asesinato del empresario de la citada localidad Ignacio Uría» y que ahora es el «jefe de gabinete» de Martín Garitano, diputado general de Guipúzcoa.

Dignidad y Justicia enumera 23 casos en los que Bildu ha equiparado a las víctimas de ETA con los terroristas, 29 actos de ensalzamiento de etarras y cinco supuestas legitimaciones del terrorismo, entre otras conductas denunciadas.

El PP exige a Bildu condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El PP presentará en todos los ayuntamientos del País Vasco una moción para que Bildu condene el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco y «por extensión» todos los atentados cometidos por la banda terrorista. Además, se pide recuperar el espíritu de unidad democrática de aquellos días para «exigir a ETA su disolución incondicional», según consta en el texto al que ha tenido acceso Ep. Las direcciones provinciales del PP vasco han enviado esta propuesta de moción a todos sus portavoces municipales para que la presenten en los plenos de sus ayuntamientos «lo antes posible». El objetivo es que se pueda debatir y votar este mismo mes. La pasada semana, cuando se cumplía el decimoquinto aniversario de la muerte del edil de Ermua, Bildu se negó a expresar su condena por ese crimen, al igual que el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que fue emplazado varias veces a hacerlo. Fuentes populares auguran que Bildu volverá a tener una actitud similar a la de la pasada semana y se negará a condenar los atentados de ETA.