El problema de las cajas

Desde esta columna han sido varias las ocasiones en las que he escrito sobre la necesidad de recapitalizar nuestro sistema financiero, bien intercambiando deuda por capital o mediante inyecciones de capital fresco, que en cualquiera de los casos pasa por la privatización de las cajas. En julio de 2010, el Gobierno abrió el camino de dicha privatización, pero éste está resultando imposible de transitar.

La historia del primer FROB y reforma de la Ley de Cajas, es la de una oportunidad pérdida. Ni las peticiones de capital fueron suficientes para cubrir el agujero, que ahora cifran en más de 20.000 millones, ni la estructura adoptada después de las fusiones permitieron atraer capital privado. Ahora, el Gobierno promueve una nueva reforma que allane el camino a la entrada de capital privado en las cajas y, si bien loable por lo que aparece en la prensa, lo hacen sobre parámetros poco realistas.

Según mis conversaciones con inversores privados extranjeros, para participar en el proceso de privatización hay dos cosas que van a exigir: que se socialicen las pérdidas de las cajas y que se les dé acceso a los órganos de gobierno y a la gestión. Parece razonable que el inversor demande voz y voto a cambio de dar miles de millones, pero más discutible, aunque quizá ya inevitable, es que entre todos tengamos que absorber las pérdidas de las cajas.

El Gobierno tiene que clarificar y simplificar el ahora indescifrable marco legal de las cajas, y esperar que eso sea suficiente para el inversor privado. De lo contrario, nos veremos abocados a la indeseable nacionalización de las cajas para sanearlas y luego privatizarlas.