San Antonio

Un equipo bajo sospecha

El caso de Manuel González Rojo, cabeza de cartel del PSOE en San Fernando de Henares –y acusado, presuntamente, de los delitos de fraude, malversación de fondos y prevaricación–, no es exclusivo en el PSM.

La Razón
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Desde que alcanzó la secretaría general, Tomás Gómez ha visto como destacados miembros de su equipo se han visto envueltos en varios asuntos judiciales. El caso más flagrante, porque la Fiscalía ha solicitado para ella ocho años de inhabilitación como cargo público, es el de su «número dos». Trinidad Rollán fue nombrada la semana pasada coordinadora general del Comité de Campaña de los socialistas de cara a los comicios autonómicos de 2011. Su acusación no ha sido óbice para Gómez, que ha obviado que su «mano derecha» está acusada por prevaricación durante su etapa en la alcaldía de Torrejón de Ardoz y continúa depositando en ella asuntos de relevancia en el partido.

Rollán fue uno de los principales apoyos del líder socialista durante las primarias pero, echando cuentas, la ex regidora no está sola en la lista de colaboradores de Gómez que han pasado por los tribunales este año. Imputada en el mismo caso que la secretaria de Organización está la diputada de la Asamblea, Esperanza Rozas. El nombre de otro parlamentario, José Luis Pérez Ráez, está de nuevo en los tribunales tras la reapertura del «caso Cuadrifolio» en el que se le imputa un delito de prevaricación. Aprobó el abono de una factura de 101.478 euros sin seguir los trámites administrativos necesarios y su última Junta de Gobierno.

La Justicia también investiga a Dolores Agudo, ex regidora de Velilla de San Antonio y asesora de los socialistas en la Cámara regional, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
El sucesor del líder del PSM y próximo candidato en Parla, José María Fraile, tuvo este verano que pactar con el ex jefe de la Policía Local, que le acusaba de prevaricación, para evitar sentarse ante el juez. Por último el regidor de Fuenlabrada, Manuel Robles, se podría enfrentar a una inhabilitación de tres años como cargo público si, como denunciaron los ediles del PP en el municipio, se demuestra que cometió malversación de fondos al utilizar material público en las primarias.