Otro beneficio fiscal para compradores de una vivienda de nueva construcción

Que la negra situación económica perjudique en lo mínimo posible a las familias de Castilla y León. Ése es el principal objetivo de la Junta que ayer volvió a corroborar en las Cortes la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, al presentar el programa de actuación de su Consejería para los próximos cuatro años.

Una legislatura que va a estar marcada por el control del gasto pero sin que los ciudadanos castellanos y leoneses vean recortados ninguno de los beneficios fiscales que en la actualidad disfrutan. Y es más, Pilar del Olmo anunciaba que se trabajará «en mejorarlo en la medida que la coyuntura económica lo permita, en especial, en los que se refiere a las previsiones recogidas en la agenda para la población».

Y en esa línea, habrá uno nuevo el próximo año, orientado a favorecer la adquisición de la primera vivienda habitual que sea de nueva construcción. Con ello se refuerza el compromiso de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda y en apoyar al sector de la construcción. Además, otro de los compromisos será el de no incrementar el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Control del fraude
Y, para ello, habrá que mejorar el nivel de ingresos y así, se reforzarán las actuaciones de control del fraude en el ámbito de nuevas competenecias de gestión. Del Olmo reclamó la «imprescindible colaboración de los órganos tributarios estatales», al disponer estos de información derivada de la gestión de los grandes tributos estatales y las bases de datos con información de toda España. Además, se retomará el estudio realizado por los grupos parlamentarios para el establecimiento de un impuesto de carácter medioambiental sobre la energía eléctrica.

También se trabajará para incrementar los que proceden del último sistema de financiación autonómica, un modelo «fracasado», según la consejera, ya que sólo aporta un 63 por ciento de los recursos de los Presupuestos, cuando el anterior llegó a alcanzar un 78%. Es por eso que Pilar del Olmo exigió al Gobierno su inmediata revisión.

Respecto a los empleados públicos, la consejera de Hacienda anunció una mayor movilidad y mejor formación, con la convocatoria de concursos de empleo públicos periódicos enfocados a facilitar esos movimientos.

También formó parte de su discurso la simplificación de trámites, y en los proximos meses verá la luz un nuevo Plan Estratégico de Modernización Administrativa que reforzará el uso de interner como herramienta para ganar rapidez y ahorrar costes. Y, en el caso de las empresas, se incidirá en simplificar los procedimientos, para que sus cargas administrativas se reduzcan en un 30 por ciento al final de la legislatura. Además, se implantará la factura electrónica y se pondrá en marcha un Sistema Integral del Contratación Electrónica.

Críticas de la oposición
«Una simple gestoría». De esta manera calificaba el portavoz socialista de Hacienda, José Francisco Martín, la función de la Consejería de Hacienda. Martín acusó a Del Olmo de engañar a los castellanos y leoneses porque del impuesto de Sucesiones y Donaciones -suprimido por la Junta- se recaudaron 115 millones el pasado año y este año ya van 67, y que convierte en superávit unas cifras que para el Consejo de Cuentas es un galopante déficit.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, reclamó la introducción de una «reforma fiscal» que racionalice la imposición tributaria en Castilla y León, para que paguen más las rentas más altas y que supondría más de 500 millones para las arcas de las Comunidad.