Castigo al mal gestor

Los malos gestores públicos podrán ser destituidos de sus cargos; perderán su derecho a cobrar pensiones indemnizatorias; tendrán la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas e incluso tendrán la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Y cuando la infracción sea grave o muy grave, por ejemplo, que guarden facturas en los cajones y falseen datos públicos, entonces podrán además ser inhabilitados entre 5 y 10 años, de manera gradual según el alcance de la infracción, de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que ayer presentó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Como infracciones muy graves se entiende también el incumplimiento deliberado de la reducción de la deuda pública o no formular los planes de ajuste presupuestario.

El proyecto legislativo, sobre el que se abre un novedoso periodo de 15 días de audiencia a los ciudadanos, detalla un catálogo de infracciones y de sanciones, centrando sobre todo el «tiro» en el ámbito de la gestión de los fondos públicos. Ni más «casos Palma Arena» ni más «casos ERE», o al menos ése es el espíritu de una iniciativa que además de la «mano dura» contra el mal gestor, también promete una revolución en el acceso a la información y en la transparencia administrativa para homologarnos con otros países de nuestro entorno. Dicho de otra manera, el objetivo es terminar con los contratos irregulares, las subvenciones a dedo y el desvío de fondos a amiguetes del poder político bajo una excusa u otra.

Son infracciones la administración de los recursos sin someterse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; comprometer gasto sin presupuesto para hacerlo; no justificar las subvenciones; el incumplimiento del nivel de deuda pública establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria o el incumplimiento de las medidas de corrección previstas en los planes financieros previstos en esa misma ley. En suma, se trata de pasar a limpio en una misma hoja unas faltas en su mayoría ya reconocidas como tales y delimitar, al tiempo, la sanción obligada para cada una de ellas. Esa sanción quedará en manos del organismo ya existente, Buen Gobierno y Conflicto de Intereses, que prevé la Ley de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado. Y una ley orgánica complementaria modificará el Código penal para castigar las conductas más graves. Si las multas no se pagan, entonces podría haber prisión.

El proyecto legislativo extiende las actuales obligaciones de transparencia de los ministros a todos los altos cargos y directivos del Gobierno, de las comunidades y de los ayuntamientos. Sáenz de Santamaría explicó que la iniciativa servirá para reforzar la transparencia de todas las administraciones públicas, acabar con compartimentos opacos e imponer férreas obligaciones en la gestión de lo público. La Ley de Buen Gobierno es una promesa que el PP arrastra desde su etapa en la oposición, incluso ya la llevó al Congreso, y en campaña Mariano Rajoy la incluyó entre las medidas que aprobaría en sus cien primeros días. Así ha sido, y entrará en vigor ya en el próximo periodo de sesiones.

Según el Ejecutivo, este proyecto convierte en normas legales un conjunto de principios éticos y de actuación, entre los que está la transparencia, la buena fe en la dedicación al servicio público, la imparcialidad, la equidad, el deber de reserva, la denuncia de irregularidades, el rechazo de ventajas personales o la gestión adecuada de los servicios públicos. Todo esto sonaba, hasta ahora, a utopía, pero el Ejecutivo promete que a partir del próximo periodo legislativo será Ley. Sin duda, una promesa que es la mejor carta de presentación que puede poner encima de la mesa a dos días de las históricas elecciones andaluzas en las que el PP está seguro de que puede conseguir la mayoría absoluta.

Así es el código ético
Los principios éticos y de actuación de la nueva norma del Ejecutivo son:
- Transparencia, eficacia y satisfacción del interés general.
- Buena fe y dedicación al servicio público.
- Imparcialidad e independencia.
- Equidad y no discriminación.
- Diligencia y fomento de la calidad.
- Conducta digna y corrección en el trato.
- Responsabilidad.
- Plena dedicación y no incursión en incompatibilidades.
- Deber de reserva.
- Denuncia de irregularidades.
- Ejercicio de los poderes con respeto a su finalidad.
- Rechazo de ventajas personales.
- Transparencia y accesibilidad en el desempeño.
- Gestión adecuada de los recursos públicos.

Las actuaciones sancionables
Caso 1
Compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente o con infracción de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria o en la de Presupuestos que sea aplicable
Caso 2
La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública estatal sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro
Caso 3
Incumplimiento deliberado del nivel de deuda pública en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Caso 4
No formulación de los planes económico financieros o de reequilibrio exigidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Caso 5
Incumplimiento de medidas de corrección previstas en los planes económico financieros y de reequilibrio previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Caso 6
Ausencia de justificación de la inversión de fondos de subvenciones

Algunos ejemplos
AYUDAS A DEDO
F. J. Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta habría otorgado 887 ayudas injustas, según la jueza.
DEUDA
Tomás Gómez dejó en el Ayuntamiento de Parla (Madrid) una deuda de 240 millones de euros.
GASTOS
La Fuliola (Lérida), presidida por Eduard Piera, debe un 295% respecto a lo que había previsto ingresar.