Un agujero de 400 millones de euros

MADRID- El origen de esta operación, como informó ayer LA RAZÓN, está en una denuncia conjunta presentada en la Fiscalía Anticorrupción varias asociaciones de internautas y usuarios de tecnologías de la información y elaborada en 2007 por el abogado Josep Jover quien, en declaraciones a este diario, reconoce que «es difícil hacer una valoración económica en estos momentos, podríamos estar hablando de un desvío de fondos de 400 millones de euros procedentes de los derechos que la SGAE no reparte por considerarlos sin identificar». Jover, que colaboró con la Guardia Civil además aportando documentación desde diciembre de 2010, cree que «González-Sinde es una responsable política de lo que ha ocurrido. Hay funcionarios que tenían que haber mirado esto con mucha más seriedad de lo que lo hicieron».

Por el momento, la investigación se centra en la creación de una estructura societaria que se habría estado lucrando de una beneficiosa relación económica con entidades pertenecientes al grupo SGAE, informaron fuentes del Ministerio del Interior. También están siendo investigadas algunas sociedades dependientes de la Sociedad General de Autores y Editores, así como algunos integrantes de su cuadro directivo.

Así, las investigaciones parecen apuntar a un presunto desvío de fondos a través de una trama de empresas tejida en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), creada por la SGAE para desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las tecnologías de la información más avanzadas. La denuncia originaria, presentada en 2007 en la Audiencia, ya apuntaba a José Luis Rodríguez Neri, presidente de la SDAE, y ponía el dedo en la llaga en empresas que, como Microgénesis, una consultora que cuenta entre sus clientes a la propia SGAE y que, según los denunciantes, incluso estuvo dirigida por el propio Rodríguez Neri.
Ahora, tres directivos de esta sociedad estarían entre los detenidos. Según la denuncia, el dinero recaudado por la SGAE se habría repartido «en gran parte de forma ilegal» (al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro) entre empresas filiales que «dirigen de forma supuestamente independiente» algunos directivos de la entidad.