Imagen de unidad y esfuerzo

Tres años después de su última edición, este martes se celebrará la V Conferencia de Presidentes autonómicos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recuperar un instrumento consultivo que el anterior Ejecutivo socialista decidió suspender sin que trascendieran sus razones. Se argumentará que no se trata del mejor momento, dada la ofensiva independentista planteada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el insistente cruce de reproches entre las distintas administraciones públicas a causa de la financiación. Y, sin embargo, nunca ha sido más necesario reunir a los representantes del sistema autonómico español en torno a la misma mesa, aunque sólo sea para transmitir al resto de Europa, que mira con lupa a esta España de la crisis, una imagen de unidad y de esfuerzo compartido. No es de esperar, por supuesto, decisiones trascendentales en cuanto a las cuentas autonómicas, dadas las actuales circunstancias de penuria presupuestaria, pero el Gobierno confía en obtener un mensaje nítido, destinado a los mercados financieros internacionales, con el compromiso de todas las comunidades de que van a cumplir estrictamente los objetivos de déficit. Un mensaje que demuestre la viabilidad del Estado de las Autonomías, puesto cada vez más en duda también fuera de nuestras fronteras. Con cumplir este objetivo, la V Conferencia de Presidentes habrá hecho un buen servicio a unos ciudadanos preocupados con la deriva de la situación económica y política del país.
Pero sería ingenuo pensar que la cuestión de la financiación autonómica, cuya reforma reclaman varios gobiernos regionales, no vaya a suscitarse en una reunión a puerta cerrada, más aún cuando acaba de llegar al Congreso de los Diputados el proyecto de los Presupuestos Generales para 2013, que, de partida, rebaja en un 12 por ciento las transferencias del Estado. Las quejas llegan al Gobierno desde casi todas las comunidades, incluidas las que gestiona el Partido Popular, con la pretensión de añadir alguna enmienda durante el trámite parlamentario de las cuentas públicas. Sería un error, salvo causa verdaderamente excepcional, que el Gobierno relajara el ajuste presupuestario de las autonomías. Como señaló ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los gobiernos autonómicos están obligados a hacer un ejercicio de racionalidad en el gasto, dando prioridad a la sanidad, la educuación y los servicios sociales, capítulos que no han sufrido recortes en el proyecto de Presupuestos. La reducción del gasto público es el camino marcado y, dada la situación, con la caída prevista de ingresos, no parece que haya otro.