Berlusconi da marcha atrás en la «ley mordaza»

La noticia que más esperaban los periodistas, la oposición y la parte más moderada de la formación política de «Il Cavaliere», el Pueblo de la Libertad (PDL), llegó ayer con la presentación por parte del Ejecutivo de una enmienda al proyecto de ley sobre las interceptaciones telefónicas que se está debatiendo desde hace semanas en la Cámara de los Diputados. El cambio en la normativa permite la publicación de las escuchas cuando el juez y el fiscal consideran que éstas son «relevantes». La marcha atrás de Berlusconi supone una victoria para su principal rival y «número dos» de su partido, Gianfranco Fini, quien desde la Presidencia de la Cámara de Diputados critica sin empacho las políticas más polémicas de la agenda del Gobierno. El cruce de dardos entre Fini y el primer ministro lleva produciéndose desde hace meses, pero la «ley mordaza» ha estado a punto de provocar el divorcio definitivo entre ambos y la ruptura del PDL.Los diputados «finianos» celebraron la retirada de la parte más polémica de la ley y afirmaron que a la Prensa «le había caído la mordaza». También supone una victoria para el presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien se había reservado el derecho a no firmar la ley si no se limaban sus aspectos más duros. Berlusconi aceptó su derrota y la achacó a los «defectos de la democracia» italiana y a lo intrincado de su «arquitectura constitucional». «Con esta modificación, la ley sobre las escuchas dejará la situación como está ahora. No dejará a los italianos hablar libremente por teléfono e Italia no será un país civil de verdad», dijo «Il Cavaliere». Como en tantas otras ocasiones, en esta normativa también se mezclaban los intereses privados del primer ministro. «Seguirá el escándalo absoluto de una persona privada que, sin haber cometido un crimen, puede verse grabado y ver después en un periódico sus conversaciones», lamentó. La «ley mordaza» ha logrado unir a buena parte de la sociedad italiana en su contra. Pese al hastío provocado por su interminable paso por las dos Cámaras, las formaciones de la oposición, las agrupaciones de periodistas e incluso una parte del partido de Berlusconi han mostrado su repulsa ante los aspectos más controvertidos de la normativa, que preveía penas de hasta 30 días de cárcel y multas de 10.000 euros para los periodistas que publicasen artículos basados en escuchas telefónicas. La última crítica a la ley llegó de la ONU, que la semana pasada afirmó que «amenazaba la libertad de expresión».