Telecinco pierde la batalla contra YouTube por los vídeos en internet

La que parece ser la primera batalla de una guerra judicial por los derechos de propiedad intelectual en la red, desatada por Telecinco contra Google por la difusión de vídeos propiedad de la cadena en el portal YouTube, se ha saldado con victoria del gigante de internet, si bien la cadena asegura que recurrirá la decisión en la Audiencia Provincial madrileña.

Telecinco pierde la batalla contra YouTube por los vídeos en internet
Telecinco pierde la batalla contra YouTube por los vídeos en internet

Desde el canal de internet, que mantiene acuerdos de publicación de videos con más de 1.000 grupos de comunicación en todo el mundo, aseguraban ayer sentirse «muy satisfechos de poder comunicar que la decisión judicial ha sido favorable para nosotros y que el juez ha desestimado la demanda y nos ha dado la razón».

Google, el gigante de la red y propietario del canal de vídeos, cree que la victoria «confirma que YouTube cumple con la Ley y ratifica las tesis que hemos venido defendiendo a lo largo de todo el procedimiento. La sentencia reconoce que, legalmente, YouTube es un mero intermediario de servicios de alojamiento de contenidos y, por tanto, no puede ser obligado a controlar con carácter previo los vídeos subidos por los usuarios».

Telecinco entiende, por su parte, que el juzgado le da la razón a la hora de defender sus derechos de propiedad intelectual. «La argumentación de la sentencia –asegura la cadena– supone una decisiva luz verde para el recurso de apelación ya presentado por Telecinco ante la Audiencia Provincial». Según la cadena de Fuencarral, «el juez evita tomar una decisión que hubiera puesto en jaque el negocio nacional e incluso internacional de YouTube y su propietario Google» y recuerda que para el juzgado «resulta materialmente imposible llevar a cabo un control de la totalidad de los vídeos que se ponen a disposición de los usuarios, porque actualmente hay más de 500 millones de vídeos».

En cambio, para Google, la decisión judicial supone que son los titulares de los vídeos quienes deben identificar y notificar a YouTube de forma individualizada los que vulneran sus derechos de propiedad intelectual, para que YouTube pueda proceder entonces a su retirada.