La Audiencia despeja el «Faisán» a dos meses de las generales

Los 14 jueces de la Audiencia Nacional que debían decidir dónde iba a juzgarse el «caso Faisán» –el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión» en mayo de 2006– concluyeron ayer sus deliberaciones con una pirueta inesperada. Lejos de zanjar el debate jurídico sobre la existencia o no de un delito de colaboración con ETA, que acarreaba que el caso siguiera en la Audiencia o se trasladase a los juzgados de Irún, el Pleno de la Sala de lo Penal optó por una solución de compromiso. No se llegó a votar la cuestión, pero ante la evidencia de que la opción de desprenderse de la causa no gozaba de la unanimidad deseada (fuentes jurídicas aseguraron a este periódico que se enfrentaban a un empate técnico o a la remisión del caso a Irún por un estrecho margen de ocho votos frente a seis), la Sala improvisó sobre la marcha una tercera vía.

Se trataba, sobre todo, de cerrar filas y transmitir una imagen de unidad en un debate de calado, con indudable trascendencia mediática y política –sobre todo a dos meses del 20-N y con la casi total certeza de que el juicio, si lo hay, no se celebrará hasta después de las elecciones– que ninguno quería se redujera a una historia de héroes y villanos. Dicho y hecho. Despejadas las discrepancias, todos se pusieron de acuerdo en algo (bastaron poco más de cuatro horas de debate en jornada de mañana y tarde): los indicios contra los tres procesados –el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros– no son suficientes para justificar su procesamiento.

Esta decisión, con el juez Pablo Ruz como principal damnificado, supone que el auto de procesamiento queda sin efecto y que el instructor tendrá que continuar investigando para apuntalar los indicios contra los tres mandos policiales o bien optar por el archivo de la causa. En este último caso, y dado que los 14 magistrados sí han concluido en que existe una conducta delictiva en el chivatazo, el «caso Faisán» se cerraría en falso con delito pero sin delincuentes.

Tres a favor del archivo
En una nota difundida por la Audiencia Nacional (apenas doce líneas que anticipan una resolución que será peliaguda de redactar para intentar conciliar posturas tan divergentes) el Pleno asegura que ha decidido «por unanimidad» estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los procesados contra la resolución del juez Ruz del pasado julio que los convirtió en procesados. Además, continúa, insiste en la existencia de «indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito». Pese a esa convicción, añade, se revoca el auto de procesamiento «por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación». Y una apostilla para dejar a salvo el asunto más peliagudo, finalmente pasado por alto: «No se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos». Es decir, que de decantarse por la existencia de un delito de colaboración con ETA o encubrimiento o de revelación de secreto, nada de nada.

Y eso pese a que ni siquiera todos los magistrados estaban de acuerdo en apreciar la existencia de un delito (de hecho, tres de ellos estaban abiertamente a favor del archivo de la causa).

Según algunas fuentes consultadas, la resolución de la Sala instará al juez Ruz a abrir nuevas líneas de investigación e incluso a que permita que otras Fuerzas de Seguridad al margen de la Policía indaguen sobre lo que ocurrió ese 6 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjo la delación.

Las reacciones a la resolución de la Sala no se hicieron esperar. Algunas fuentes jurídicas apuntaban que a Ruz «no le queda otra solución que el archivo de la causa. No queda nada por investigar ni nada que justifique un nuevo procesamiento». Al mismo tiempo, añadían que si el instructor mantiene abierto el «caso Faisán» más allá del 20-N (continuando con las diligencias) «no será por motivos jurídicos». Sin embargo, según otras fuentes el juez está obligado a practicar más diligencias (algunas ya están sobre la mesa) antes de decidir nuevamente sobre el futuro del caso. «Es muy importante que la Sala haya afirmado unánimemente la existencia de delito», recalcan.

Tres jueces y casi cinco años
La causa del chivatazo a ETA lleva investigándose más de cuatro años y ha pasado por las manos de tres jueces de instrucción diferentes de la Audiencia Nacional. El asunto procede de la investigación que el juez Baltasar Garzón realizaba de la red de extorsión de ETA. La filtración fue desgajada de esa causa principal y comenzó a ser investigada en sus inicios por el juez Fernando Grande-Marlaska, que había sustituido a Garzón. Apenas un mes después del chivatazo Garzón retomó el asunto, que se mantuvo paralizado hasta finales de 2009. Poco después, entró en una nueva fase de paralización hasta que fue reactivado en enero de 2011 por el juez Pablo Ruz. Fue Javier Gómez Bermúdez quien decidió avocar al Pleno de la Sala los recursos contra el auto de procesamiento, ahora revocado.