Zarrías comprometió ayudas del «fondo de reptiles» para Fertiberia

SEVILLA- La partida 31L de la Consejería de Empleo con la que se pagaban las ayudas sociolaborales que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla –el conocido como «fondo de reptiles– era una prioridad política para el Gobierno andaluz desde 2001. El objetivo último de este dinero era el mantenimiento de la «paz social» y el sistema ideado, que flexibilizó los controles administrativos, permitió que otros departamentos del Ejecutivo se beneficiaran de un mecanismo rápido para sofocar conflictos.

Así, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la ex consejera de Medio Ambiente Cinta Castillo recurrieron a esta partida presupuestaria para desbloquear uno de los problemas laborales andaluces más importantes de los últimos años: el de Fertiberia, una factoría ubicada en el polo químico de Huelva desde finales de los 60 y a la que en 2003 se le caducó una concesión administrativa para verter fosfoyesos a las marismas –decisión ratificada por la Audiencia Nacional en 2007–.

En un informe de la Dirección General de Trabajo de 11 de marzo de 2010 elaborado a petición de la consejería de Empleo sobre Fertiberia –para a su vez darle traslado a la de Presidencia–, se dice textualmente: «Decir que, por parte del anterior consejero de Presidencia, D. Gaspar Zarrías, y por la actual consejera de Medio Ambiente, Dª Cinta Castillo Jiménez, se asumió un compromiso de ayuda, por parte de la Administración Pública (Junta), al coste total del reajuste laboral, de aproximadamente el 50% del coste final».

En otro documento de la misma fecha, se suprimen las referencias personales y se cita que «en su día, se asumió un compromiso de ayuda, por parte de la Junta de Andalucía, al coste total del Plan social legado al reajuste laboral, de aproximadamente el 50% del coste final». Ésta es la redacción final que asume en un tercer documento de 15 de marzo de 2010 y que aparece –sin firmar– con el nombre del actual director general, Daniel Alberto Rivera.

La mediación de dos consejerías ajenas a Empleo como Presidencia y Medio Ambiente en un conflicto laboral se produjo cuando ya existían varios informes de la Intervención General de Hacienda –el primero fue en 2005– que alertaban de la tramitación de ayudas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».

¿Conocía Zarrías esos reparos del órgano de control de la Junta de Andalucía? Según la declaración ante la Guardia Civil del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, sí estaba al tanto porque tras las advertencias «se elaboraron una serie de borradores de decretos y órdenes –para subsanar los problemas administrativos– que eran despachados en el ‘consejillo', la reunión previa al consejo de Gobierno a la que acudían los viceconsejeros y que presidía Gaspar Zarrías como consejero de Presidencia».

Sin embargo, ninguno salió adelante y la Junta siguió funcionando con el mismo sistema denunciado por la Intervención.

La implicación de Zarrías para dar una salida a la problemática de Fertiberia le llevó a participar en reuniones con la Junta de Andalucía cuando era secretario de Estado de Política Territorial. El objetivo era ampliar los plazos para que la compañía pudiera cumplir la sentencia que le impedía verter fosfoyesos y le obligaba a regenerar la zona afectada.

El expediente de Fertiberia consta de varios ERE. El último de ellos es de 26 de noviembre de 2009 y en él se autorizaba la extinción de contratos de 223 trabajadores en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2009 y el 30 de junio de 2013. Según el documento de Rivera, ya se han prejubilado 68 trabajadores y el coste global de las pólizas estaría en torno a 16 millones. El compromiso de Zarrías es que la Junta pagaría la mitad.