Andalucía
La conflictividad laboral se enciende y augura un otoño muy caliente
A pesar de que Sevilla fue la provincia andaluza donde menos creció el paro, hay numerosas movilizaciones previstas.
SEVILLA- Se presume un «otoño caliente» en lo laboral y eso que Sevilla es la provincia menos afectada por el crecimiento del paro andaluz tras el verano. Pero las perspectivas para el último trimestre no pueden ser menos boyantes. Aunque se proclaman los efectos beneficiosos de la reforma para incentivar los contratos y la mejora de la formación, la provincia se encamina hacia el amargo trago de la desaparición de puestos de trabajo en masa.
De momento, la amenaza no se ha aupado al papel estadístico, pero está claro que los sindicatos están de uñas con algunas empresas. Y con determinadas instituciones públicas, también. Ni siquiera el aumento de beneficio respecto a ejercicios anteriores o la recepción de cuantiosas subvenciones contribuirán, no ya a la creación, sino al mantenimiento de los puestos de trabajo en entidades como Ikea, Pickman o el Ayuntamiento de Palomares del Río, por citar algunos ejemplos.
El otoño será como una pedrea de actos de movilización que se sucederán a la más que moderada gran huelga que se organizó el pasado 29 de septiembre. Los conflictos laborales siguen aumentando y las perspectivas sobre el empleo no son nada halagüeñas. Remontará la economía, pero su crecimiento será insuficiente cuando se trate de absorber desempleados. Con más de 200.000 parados oficiales, la cola del Inem aumentará si el sector servicios no se recupera, si el turismo baja y si el magro sector industrial sigue la senda de la decadencia en la provincia. Por si fuera poco, la huelga indefinida en el campo convocada a partir de mañana incrementará la sensación de conflictividad en plenas campañas de cítricos y olivar.
Hasta empresas altamente generadoras de demandas de empleo en el pasado anuncian recortes drásticos. El anuncio de la multinacional sueca Ikea de abrir un segundo establecimiento en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla suena a paradoja si se tiene en cuenta su propósito de destruir más de 200 puestos en su sede de Castilleja de la Cuesta. Las movilizaciones no se han hecho esperar y los sindicatos protagonizan varias concentraciones a las puertas de la macrotienda por la pérdida de más de más del 30% de la masa laboral. Para una empresa que vive de la marca, como Ikea, esta conflictividad no es una buena noticia, si bien reducir la plantilla tras obtener un beneficio de 2.500 millones de euros ha molestado a trabajadores y sindicatos.
También es motivo de una profunda queja sindical y germen de movilizaciones el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que pesa sobre los trabajadores de las áreas de mantenimiento y limpieza de la base aérea de Morón de la Frontera. El personal civil, compuesto principalmente por vecinos de la localidad y de otras de la Sierra Sur, se enfrenta a unos despidos por «causas objetivas» argumentadas por la concesionaria de estas labores dentro de las instalaciones de la US Army. La empresa Vinnel, Brown & Root LLC quiere despedir a unos 250 trabajadores arguyendo pérdidas en el contrato de mantenimiento de la base.
Mientras, en instituciones y organismos de gestión pública la gestión laboral no pinta del todo bien. Basta asomarse a la situación de los ayuntamientos. El caso de Palomares del Río es el más sintomático: se ha planteado un ERE temporal ante la incapacidad para pagar los salarios. En Correos, el presupuesto para 2011 ha caído un alarmante 54,22%, según denuncian los trabajadores. Esta reducción afectará al empleo y los sindicatos arguyen que el año que viene se producirá un «desmantelamiento» del servicio en Sevilla.
En paralelo a estos conflictos, persisten las ya eternas reivindicaciones de los prejubilados de Mercasevilla, con demandas contra Mercasa, la Junta y las entidades financieras que debían hacerse cargo del pago de sus pensiones. Pickman se asoma a su desaparición si se consuma el traslado de la fábrica de cerámica a San José de la Rinconada y en Astilleros el conflicto se prolonga sin que la Junta de Andalucía haya acudido al rescate.
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