El Estado en serio por José Luis Requero

Hace un año se constituyeron nuevos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Ante el marasmo en las cuentas que algunos heredaban, se anunció que encargarían auditorías. Tuvo que decirles el Tribunal de Cuentas que para tal cometido ya está él como también hay interventores, secretarios, funcionarios, etc. Un año después estamos ante otro episodio parecido, el de Bankia y el Banco de España.

El Gobierno echa en cara al Banco de España que no detectase los problemas. Un «lamparón» que se añadiría a los que ya luce en su traje tras otras crisis financieras como las de Caja Castilla-La Mancha, CajaSur o la CAM. También se apunta a la empresa auditora, por lo que se baraja encomendar la fiscalización de la cartera de créditos inmobiliarios y de los balances bancarios a unos auditores «independientes».

Se echa en cara al actual gobernador del Banco muchas cosas, como que mirase para otro lado o su sintonía con el anterior Gobierno, muy dado a facilitar datos económicos irreales. Se habla de que el próximo debe ser un técnico prestigioso y de la necesidad de consenso entre los dos grandes partidos para esa renovación. En puridad no hace falta pues lo designa el Gobierno, como también designa al resto de los órganos rectores del Banco.

El Banco de España es nuestro banco central, y ejerce de supervisor del sistema financiero; en concreto le corresponde dotarlo de seguridad y eficiencia, luego lo fiscaliza y vigila, preserva el buen funcionamiento de las entidades de crédito. Por este cometido de «policía financiera» el Banco de España es lo que se llama una «Administración independiente» y esa independencia –más bien, «autonomía»– se predica respecto del Gobierno.

Estos episodios muestran qué pasa cuando el Estado no funciona. En el caso del Banco de España ese funcionamiento defectuoso no lo es por incompetencia de sus funcionarios sino por un mal cada vez más visible, al menos por los estragos que causa. Me refiero a la politización de aquellos órganos o instancias a los que se les exige o independencia o, al menos, autonomía respecto del poder político en sentido estricto: los partidos políticos.

De la crisis podemos sacar muchas enseñanzas. Por ejemplo, que hay que tomarse en serio el Estado, las instituciones públicas, que una democracia madura exige un Estado creíble, que los órganos de supervisión, de fiscalización, de control funcionen. Y que no se tomen como territorio de conquista política. Así se ha visto con la fiscalización de las cuentas de ayuntamientos y autonomías; se ha visto con las instituciones financieras.

Esas enseñanzas pueden caer en saco roto si se mantienen dos actitudes no tan antitéticas. Simplificando, una es la de esa izquierda de la que cabría presumir cierta querencia hacia lo público, pero que lo machaca al concebirlo como territorio de conquista. Y otra es esa derecha que confía ciegamente en lo privado en detrimento de lo público; como ve en los funcionarios consumados catadores de café, olvida que hay un Tribunal de Cuentas o un Banco de España y confía en auditores privados e «independientes» cuando ya hay órganos públicos que por ley son –o deberían ser– independientes.

A veces tengo la impresión de parecer que no interesa que el Estado funcione. Unos porque lo quieren a su servicio y recelan de todo lo que sea independiente, luego no controlable. Otros porque parece que no pasa por su proyecto hacerlo eficaz; acaban beneficiando unos intereses profesionales o empresariales que florecen gracias a la ineficacia y desprestigio de lo público causado por los otros. Antes de plantearse que el Estado funcione, y funcione bien, hablan de privatizaciones, de auditorias externas, de sistemas alternativos de gestión o de solución de conflictos.

Cuando se habla del Banco de España se habla de un organismo público que está en la órbita del Gobierno. Aun así se le exige independencia y ya se ve qué pasa cuando no la tiene. Escarmentemos en esa cabeza que no nos es ajena y pensemos qué pasaría si esa patología, tan metabolizada por nuestro sistema político, acaba en instancias no menos delicadas como la Justicia. Un ejemplo es el Ministerio Fiscal, ahora que se plantea atribuirle la instrucción penal o se ha descubierto que puede negociar responsabilidades penales.

José Luis Requero
Magistrado