Los papeles «ocultos» de los expedientes de empleo irregulares

El principal partido de la oposición está convencido de que se ha producido una «desviación de fondos».

Rafael Carmona y Rosario Soto comparecieron ayer en la sede del PP-A
Rafael Carmona y Rosario Soto comparecieron ayer en la sede del PP-A

Sevilla- El Gobierno andaluz ha denunciado como parte «afectada» la trama de los expedientes de regulación de empleo que, de momento, reúne más de 40 intrusos que aparecen prejubilados en empresas en las que nunca trabajaron. Entre ellos hay cuatro cargos socialistas y la lista puede ser mucho más amplia. En los años en los que la Junta transfirió de forma opaca su «fondo de reptiles» –desde 2001 a 2009– fueron más de 4.000 las personas beneficiadas.

Hay muchas interrogantes en torno a los falsos ERE. La Junta podría ir deshilvanando esta madeja si aportara una serie de documentos clave, pero, de momento, sólo los reserva para el requerimiento de la Justicia. En el último pleno el PSOE se opuso a la comisión de investigación que pidieron al unísono PP e IU y dejó en el aire la cascada de preguntas que le dirigió la oposición.

Entre estos documentos hay ocho que son fundamentales. El PP los pedirá a través de la Cámara autonómica. Si el Gobierno andaluz no los facilita en 15 ó 20 días, esta formación acudirá a los tribunales. Así lo aseguraron ayer la portavoz del PP-A, Rosario Soto, y el coordinador del Área Económica, Rafael Carmona.

El informe de la Intervención General de la Junta –dependiente de Economía– y remitido a la Consejería de Empleo en 2005, 2006 y 2007 es clave porque mostraba la disconformidad de este órgano de control interno con el procedimiento administrativo que se estaba llevando a cabo. Es decir, la transferencia de financiación de explotación al IFA y luego al IDEA sin que mediara publicación en el Boletín Oficial de la Junta ni autorización del Consejo de Gobierno. No hay que olvidar que en esos años Griñán era consejero de Economía y Hacienda, por lo que manejó estos informes de la Intervención.

El PP pide también las alegaciones que Empleo presentó a los informes de la Intervención General, para comprobar qué argumentos reforzaron que este método opaco, pese a las advertencias, siguiera adelante hasta que se descubrieron las primeras irregularidades en la empresa semipública Mercasevilla.

Por otra parte, las pólizas de seguros de los ERE en los que han intervenido Vitalia y Uniter pondrían a la oposición en la pista de más irregularidades, ya que estos dos «brokers» eran los únicos que operaban con la Junta, sin que mediara entonces ningún tipo de selección por concurso. Un comercial de Vitalia, Francisco González, fue detenido por los presuntos delitos de cohecho y estafa y se repartió con el «conseguidor» Juan Lanzas –cercano a la órbita del actual «número cuatro» socialista, Gaspar Zarrías– el dinero de una falsa prejubilada.

La copia íntegra de los expedientes administrativos de las empresas beneficiarias de ERE o el informe previo de los servicios jurídicos de la Junta que propició que las ayudas se tramitaran a partir de 2001 como transferencias de financiación de explotación, son otros de los documentos requeridos. Este convenio de 2001 fue suscrito por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el director de Fomento de Andalucía Antonio Fernández.


Investigación interna
La Junta, por otra parte, además de acudir al juzgado, ha puesto en marcha una investigación interna que también quiere conocer el principal partido de la oposición. Concretamente, «la relación de falsos prejubilados en ERE autorizados por la Autoridad Laboral en Andalucía, de los que haya tenido conocimiento la Consejería de Empleo, con indicación de nombre y apellidos, nombre de empresa en cuyo ERE aparece el falso prejubilado, cantidades abonadas y pendientes de pago de cada póliza individual».

Entiende el PP que la Mesa del Parlamento debería haber pedido de oficio al Gobierno la remisión urgente de todos estos documentos, dada la «gravedad y la alarma social del caso». Asimismo, este partido, tal y como dejó ayer claro su responsable del Área Económica, parte, de entrada, con tres conclusiones: que existió una «desviación de fondos» a través del IFA, que se incumplió la Ley de Hacienda Pública, y que Griñán era pleno conocedor de las luces rojas que encendieron los auditores y el control financiero permanente.


¿Cuáles son?
1.- Expedientes administrativos íntegros de las ayudas concedidas a empresas con expedientes de regulación de empleo
2.- Informes realizados por la Intervención General y remitidos a la Consejería de Empleo en los años 2005, 2006 y 2007
3.- Convenios de concesión de ayudas a empresas en crisis y de ERE examinados por la Intervención General de 2005 a 2007
4.- Alegaciones presentadas por la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención General de la Junta
5.- Certificación de los importes abonados desde el 2002 por el IFA y posteriormente por IDEA correspondientes a ayudas sociolaborales
6.- Pólizas de seguros y rentas relativas a despidos colectivos de empresas en crisis en las que mediaron Vitalia y Uniter
7.- Informes previos emitidos por los servicios jurídicos de la Junta y relativos al Convenio Marco entre Empleo y el IFA de 2001
8.- Todos los convenios particulares de colaboración suscritos entre Empleo y el IFA relativos a las previsiones del Convenio Marco


«Griñán teme la comparecencia de algunos responsables en la trama»
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, achacó a dos motivos principales que el PSOE haya tumbado la celebración de una comisión de investigación en la Cámara. El primero, que se ponga de manifiesto la «responsabilidad» de José Antonio Griñán en algunas decisiones que se adoptaron en el Ejecutivo andaluz estando él al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El segundo, la «peligrosidad» de algunas comparecencias, dado que, tal y como informó ayer LA RAZÓN, el artículo 52 del Reglamento faculta a la oposición a «requerir la presencia, por conducto de la presidencia del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída».