La Junta gestionaba los ERE como «un fondo de reptiles para crisis»

Desde entonces, muchas cosas han cambiado en política, pero otras sólo parecen haber evolucionado: el «caso Mercasevilla» confirma que la Junta de Andalucía gestionó durante años los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis empleando uno de esos «fondos de reptiles».
Ésta es la definición exacta del procedimiento de aprobación de los ERE de 2003 y 2007 en Mercasevilla utilizada por el exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero Benítez ante la Policía Judicial, en un interrogatorio realizado el pasado 21 de diciembre a instancias de la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, y dentro de la investigación abierta por presuntos delitos societarios en el mercado central.

El vicesecretario regional del Partido Popular, Ricardo Tarno, difundió ayer la documentación sobre una declaración en la que Guerrero Benítez insistía en que la financiación de las regulaciones laborales de Mercasevilla nunca se consideraron «subvenciones excepcionales» –la normativa vigente impone el visto bueno del consejero de Empleo si las ayudas son inferiores a 3.005.060,52 euros y del Consejo de Gobierno andaluz si son superiores–, sino «un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar».

En el mercado central de abastos, como en tantas otras sociedades en riesgo, este ex alto cargo de Empleo ratifica que ese procedimiento nunca estuvo «regulado» y comenzaba en un «concierto con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –después Agencia IDEA–» para transferir una partida presupuestaria «directamente de la Tesorería de la Junta de Andalucía a ‘la caja' del IFA», efectuándose después «órdenes de pago en función de los ingresos que se iban obteniendo y de los compromisos adquiridos».

La Policía Judicial calcula que, desde 2000 hasta la actualidad, la Agencia IDEA ha dispuesto de esta forma de 647.869.157,45 euros en total. En su informe, los agentes consideran «incompetente» a Guerrero para gestionar así los ERE, detectando un «vicio de nulidad» con posibles consecuencias penales en todos los actos adoptados por esta vía.