Gran Bretaña, Francia, Alemania y Portugal hicieron circular entre los miembros del Consejo de Seguridad un borrador de declaración presidencial –con menor rango que una resolución– en el que se pide el cese de la violencia a todas las partes implicadas en el conflicto y el respeto de los derechos humanos. En el texto también se incluye el respaldo de la solicitud del secretario general de la ONU para investigar lo sucedido.

El presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, dijo ayer en una entrevista a un diario belga que «la UE puede hacer poco para ayudar a los sirios» en la revuelta contra Bachar el Asad, que ya se ha cobrado 400 muertos desde que empezó la crisis. Francia pidió «medidas fuertes» por parte de la ONU y la UE. El embajador de Portugal ante Naciones Unidas, Jose Moraes Cabral, fue más allá en la ONU al asegurar que «la situación de Siria es extremadamente seria y requiere una clara condena de la comunidad internacional.

Es hora de que el Consejo de Seguridad diga también algo». El embajador sirio ante la ONU Bashar Ja'Afari advirtió de que una declaración del Consejo de Seguridad «sería una violación de la Carta de Naciones Unidas, ya que supondría una intervención en los asuntos internos de una nación soberana de un miembro de la ONU». Estados Unidos sigue valorando sus opciones, entre las que se encuentran posibles sanciones, ya que una declaración presidencial requiere la unanimidad del Consejo de Seguridad, un extremo del todo improbable principalmente por la oposición de Rusia y China, contrarios a cualquier intromisión en Siria.

Desde que empezaron las revueltas en el mundo árabe, los países de Occidente han tenido que hacer equilibrios entre sus propios intereses y las demandas de los derechos básicos de los pueblos. Ayer, en Damasco, las fuerzas de seguridad reforzaron el despliegue policial en el barrio de Douma con camiones militares y soldados con rifles de asalto. En la ciudad de Banias, unas 2.000 personas salieron a la calle contra Bachar el Asad.