La batalla es de todos por Cristina L Schlichting

Fue en Andalucía. En Córdoba, concretamente. La Administración andaluza se había adelantado al resto del territorio nacional dispensando en los hospitales la píldora del día de después a las adolescentes, que empezaron a llenar las urgencias los fines de semana. Nadie controlaba cuántas veces acudían, porque se tomaba sólo nota de la edad, con fines estadísticos. Trabajaba yo entonces con Pedro J. Ramírez y recibimos una llamada de una profesora cordobesa. Había descubierto que una alumna padecía una hemorragia por haber tomado el medicamento ¡tres veces aquel curso! Lo contamos en «El Mundo» (entonces no había nacido LA RAZÓN). Años después vino Trinidad Jiménez, como ministra de Sanidad, y la cosa empeoró. Autorizó la dispensación por 20 euros en las farmacias, sin receta médica. Ya ni si siquiera se garantizaba la asistencia de un profesional a la paciente. La consecuencia ha sido la incorporación del medicamento a la lista de anticonceptivos, como si lo fuera, y la venta de 60.000 unidades mensuales. Nadie explica que su consumo reiterado incluye riesgos como la trombosis o la flebitis, como indica el propio prospecto y que en ocasiones –cuando se ha producido la fecundación– es antiimplantativa, es decir, abortiva. Sin embargo, el tema no es ni siquiera moral. La burrada estriba en la decisión de arrumbar a la ciencia y orillar a los médicos para obtener réditos electorales. La advertencia que ahora hace el Defensor del Pueblo andaluz va en la misma dirección. La píldora del día después no es un anticonceptivo ordinario. Es una medida excepcional, abortiva a veces y con riesgos para la salud. Allá cada cual con su conciencia, pero si alguna menor repite la ingesta de píldoras del día después y padece hemorragias, o si alguna mujer sufre una trombosis por medicarse sin ayuda profesional, supongo que se podrá demandar al Ministerio de Sanidad.