Garzón se escuda en la Policía para justificar las escuchas

MADRID- Baltasar Garzón se sentó ayer por primera vez en su larga y dilatada carrera profesional «al otro lado de la barrera»; no era quien preguntaba a los acusados o testigos, sino quien respondía a las acusaciones de que prevaricó y atentó contra las garantías constitucionales al ordenar grabar en prisión las conversaciones entre los principales imputados del «caso Gürtel» –Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez– con sus abogados. Sentado ante una pequeña mesa, con voz ronca por problemas de garganta y sin la toga de magistrado que llevó en la sesión matinal durante las cuestiones previas, tenía enfrente a siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, quienes fallarán el primer proceso al que Garzón debe hacer frente.

Contestó a las acusaciones
En una decisión que causó sorpresa a más de uno, decidió contestar a las tres acusaciones, ejercidas por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, el ex magistrado de esa misma sede jurisdiccional José Antonio Choclán, en representación de Correa, y Pablo Rodríguez-Mourullo, defensor de Pablo Crespo, quienes solicitan para el acusado entre 10 y 17 años de inhabilitación. Durante la instrucción sólo había respondido a las preguntas del representante de la Fiscalía y de su defensa.

Durante algo más de dos horas insistió una y otra vez en que la orden de grabar las conversaciones de los tres presos con cualquier visita que recibieran, incluidos abogados, estaba plenamente justificada porque de lo que se trataba con esa medida era imprescindible para evitar que la «organización criminal pudiera continuar» con su actividad delictiva, sobre todo aquella relacionada con el blanqueo de capitales. Y, en concreto, evitar que unos 20 millones que tenían en paraísos fiscales pudiesen escapar del control judicial.

Su declaración se centró en cuatro aspectos esenciales: la intervención acordada fue para los presos y no para los letrados, garantizó en todo momento el derecho de defensa, la medida era «imprescindible» y la acordó tras una sugerencia «verbal» de la Policía en su despacho y siempre con el respaldo de la Fiscalía.

«Yo no intervine a los letrados sus comunicaciones. La intervención fue a los imputados presos, y ante los indicios contra los abogados» –los que figuraban como defensores en un principio– de que eran «parte nuclear» de la trama delictiva», afirmó al respecto Baltasar Garzón. Esos autos –los de intervención y prórroga – no se dictan al vacío», recalcó.

Sobre el momento en que decidió ordenar esas intervenciones, Garzón señaló que la Policía «planteó» en su despacho la posibilidad de intervención por el movimiento de cuentas en el extranjero y por la necesidad de intentar recuperarlo. Ante los indicios existentes «tomé la decisión de ordenar las intervenciones». Después justificó que no dejara constancia por escrito de esa «sugerencia».

Los momentos más tensos se vivieron en el interrogatorio de Ignacio Peláez, cuya querella fue la que dio origen a este procedimiento. Como muestra, un par de ejemplos: ante la pregunta de si ese tipo de intervenciones sólo puede acordarse para delitos de terrorismo Garzón le respondió: «Es evidente que la interpretación que adopto en los autos es que se pueden autorizar las intervenciones por la autoridad –judicial– y no sólo por casos de terrorismo. Se puede discrepar, pero es así como se interpretó. Si usted quiere, entramos en esa discusión».

Segundo momento de ese enfrentamiento dialéctico. El querellante le interpela por el momento en que recibe el informe policial donde, supuestamente, se aludía a datos incriminatorios contra su cliente, el empresario José Luis Ulibarri. Tras discrepar de la fecha, Garzón le espetó: «Espero que me disculpe, me interesaba muy poco su estrategia de defensa».

Mucho más directo fue el interrogatorio de José Antonio Choclán, hasta el punto de que llegó a ponerle en más de un aprieto. Así, ante la referencia de que un informe policial habla directamente de que «la estrategia de la defensa va a ser la siguiente…», la acusación le preguntó cómo podía garantizar el derecho de defensa cuando ya lo conocía Policía y Fiscalía. La respuesta de Garzón fue escueta: «Que ninguna diligencia posterior se apoyó en esas grabaciones».

LAS ESCUCHAS
- El procedimiento contra Garzón comenzó en febrero de 2010, cuando el abogado Ignacio Peláez presentó una querella contra el magistrado por prevaricación y contra las garantías constitucionales por ordenar escuchar las conversaciones en prisión de los tres principales procesados del «caso Gürtel» –Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez– con sus abogados
- El Supremo admitió a trámite la denuncia al entender que Garzón pretendía con la medida «conocer datos confidenciales de la estrategia de defensa» de los letrados y así «favorecer el éxito de la investigación».
- Garzón se defendió con el argumento de que era la única manera para evitar que ocultaran pruebas o ayudaran a los detenidos a evadir dinero de la trama al extranjero.
- El juez se enfrenta a una condena de hasta 17 años de inhabilitación.