Nueva querella contra Empleo

Sevilla- El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado una querella criminal contra la directora general de Seguridad y Salud Laboral del Gobierno autonómico. A su juicio, «es evidente la carencia de planes de prevención en los centros de trabajo –de la Junta–, así como las medidas necesarias para su implantación», de lo que consideran «penalmente responsable» a dicha directiva, quien podría haber cometido un delito contenido en el artículo 316 del Código Penal.
Punto que tipifica la conducta de «los que con infracción de prevención laboral y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de higiene y seguridad adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud e integridad física», según el texto normativo.
El Safja sustenta su denuncia en documentos como un informe de la Inspección de Trabajo de Sevilla, fechado el 16 de diciembre de 2010, en el que se reconoce que «no existía Plan de Prevención de Riesgos Laborales» en el centro de trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia de la capital hispalense, en el que una trabajadora sufrió un accidente que le provocó una aparatosa fractura de la espalda.
Aseguran, asimismo, que desconocen si «se ha aprobado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los agentes de Medio Ambiente», tras varias reuniones infructuosas entre la Administración y los sindicatos, «con el agravante de las situaciones extremas a las que éstos se enfrentan, pues su movilidad alcanza a territorios tan dispares como el desierto de Tabernas (Almería), Sierra Nevada (Granada) o Doñana (Huelva)».
Destacan también en su escrito de denuncia que el plan preventivo de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia «lo ha realizado un servicio ajeno, ‘Engloba Prevención'», y no el propio de la Junta, «como es preceptivo, a tenor de lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía», avisan. Y apuntan más allá: advierten de que desconocen si se han evaluado los riesgos «a los que se pueden enfrentar algunos técnicos, que visitan minas, túneles de metro, centrales eléctricas, transformadores de alta tensión, industrias peligrosas...».
Dejan claro que la Consejería de Empleo que dirige Manuel Recio es «el organismo encargado de la elaboración y el control de los planes de prevención de riesgos laborales en todos los centros de trabajo de los organismos dependientes de la Junta». Función que, a juicio del presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, Alfredo Pérez, «no está cumpliendo, con lo que se está poniendo en peligro la vida de los trabajadores». Cree «palmareamente acreditada» la falta de medios destinados a esta materia por parte del Gobierno andaluz, pese a la «propaganda» que dice lo contrario.