España rechaza el argumento de la UE para investigar la Ley de Costas

La responsable comunitaria de Justicia, Viviane Reding, decidió investigar esta ley de 1988 ante el número «cada vez mayor» de quejas recibidas y la presión que algunos eurodiputados, principalmente británicos, han realizado desde la Eurocámara. Y aunque la regulación de la propiedad y el urbanismo es competencia de los Estados miembros, Reding ha justificado su intromisión «dado el posible impacto de esta legislación en ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación», uno de los principios fundamentales de la UE que protege una directiva de 2004.

Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó con contundencia ayer que la Ley de Costas «no tiene nada que ver con el movimiento de personas».

Reding envió una carta solicitando información al Ministerio de Espinosa para averiguar si la norma «cumple plenamente los requisitos de la Ley de la UE, incluida la no discriminación por motivos de nacionalidad». A su llegada para la reunión con sus homólogos europeos, Espinosa insistió en que «no es cierto lo que está planteando» y que la investigación de la combativa comisaria luxemburgesa se basa en una «información distorsionada de la realidad».

La carta, a la que tuvo acceso este diario, fue enviada el 15 de julio y, aunque Madrid no ha respondido aún, la ministra aseguró que lo harán tan pronto como sea posible, ofreciendo «toda la información necesaria» con el fin de probar la «igualdad de derechos» de todos los ciudadanos europeos y extracomunitarios en España.