Sevilla

El PP cifra en tres millones de euros el coste del cambio de sede de EPSA

Los populares estiman que con ese dinero no se rebajarían los sueldos de los mil trabajadores de la Consejería en cinco años.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, asegura que sólo se está evaluando el cambio de sede
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, asegura que sólo se está evaluando el cambio de sedelarazon

SEVILLA- En plena crisis y tan sólo un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase que recortará el sueldo de los funcionarios como una de las medidas para reducir el déficit público, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, según el PP-A, ocultó ayer en el Pleno celebrado en el Parlamento de Andalucía el próximo cambio de sede de la Empresa de Suelo de Andalucía (EPSA). La portavoz popular en materia de Vivienda, Alicia Martínez, preguntó a la consejera si era cierto que el traslado desde la actual sede, en el edificio INSUR de Sevilla, al conjunto de inmuebles BOGARIS e IRIS, se va a realizar el próximo 28 de mayo, como asegura una carta dirigida por el director de recursos humanos de EPSA al comité de empresa, a lo que Aguilar respondió que no habrá mudanza y que ésta sólo se está evaluando. Sin embargo, según este documento, la decisión ya se ha tomado y los trabajadores de la empresa pública ya tienen constancia de la decisión del cambio inminente de edificio.Desde las filas de la oposición, critican este nuevo traslado, que puede alcanzar, con la unificación de todas las empresas de la Consejería en un único complejo, un coste cercano a los tres millones de euros. Una cifra que según Martínez permitiría pagar el sueldo de los mil trabajadores de Vivienda sin recorte alguno durante cinco años. Además, critican que con la «dificultad actual del momento», se lleva a cabo una nueva mudanza cuando EPSA ya se trasladó en marzo del año pasado al edificio INSUR. Esta operación, según los populares, costó alrededor de 800.000 euros. Por ello, exigen a la consejera que «no mienta y que rectifique».