Tarde mejor que nunca

El desenlace de la revuelta en Libia recorre un terreno de incertidumbres. Gadafi parece controlar la capital y un tercio del país, mientras que los rebeldes, al este del país, donde se encuentran los principales yacimientos petrolíferos. El dictador mantiene la represión, aunque también prosiguen los síntomas de una descomposición lenta, pero incesante del régimen, como la huida del país de varios de sus familiares o la decisión de unidades militares de sumarse a la rebelión. El tiempo corre en contra de Gadafi. Su situación internacional es muy complicada y se puede hablar de práctico aislamiento o al menos de condena general a sus métodos. La carnicería desatada contra el pueblo –la Corte Penal Internacional cifró ayer el número de muertos en 10.000–, que ha sido calificada por Naciones Unidas como crimen contra la humanidad, ha despertado incluso la conciencia de una Europa aletargada y pasiva en los primeros días. A esa recobrada sensibilidad de la diplomacia comunitaria contribuyó también el riesgo de un éxodo migratorio y de que el suministro de petróleo desde Libia, fundamental para Europa, y en particular para España, peligrara, además del temor a un tsunami inflacionista provocado por el alza en los precios del petróleo que repercutiría directamente en el recibo de la luz y los transportes. La política exterior de la UE, personalizada en Catherine Ashton, ha desempeñado un mal papel en esta crisis. Ha sido incapaz de adelantarse de reaccionar adecuadamente a los acontecimientos. Demasiados días desaparecidos en un conflicto situado, no se puede olvidar, en el flanco sur del continente y con efectos para la Unión en materias de economía, inmigración y seguridad, por no hablar de los derechos humanos. Bruselas ha reaccionado tarde, pero mejor tarde que nunca. El criterio expuesto por Nicolas Sarkozy de que la UE suspenda sus relaciones económicas con Libia y se aliente entre los socios «la rápida adopción de sanciones concretas para que todos los implicados en la violencia sepan que deberán asumir las consecuencias de sus actos» nos parece el adecuado, y España debe secundarlo. Las sanciones no sólo son necesarias porque envían el mensaje de un compromiso con la libertad y los derechos humanos, sino también porque el cerco a Gadafi puede acelerar su renuncia. Ayer, la UE acordó que los expertos europeos presenten medidas concretas contra Libia. Es un paso, pero esperemos que los responsables comunitarios entiendan que el tiempo corre en contra del pueblo libio y que es preciso agilizar la toma de decisiones. Por otra parte, el servicio exterior de España tampoco ha estado a la altura. Los testimonios de desamparo de los españoles residentes en Libia son tantos y tan precisos que no hay defensa posible. En las horas críticas, la embajada y el Ministerio estuvieron casi desaparecidos y la consigna fue que cada uno se apañara por sus propios medios. La desatención ha sido tan flagrante y grave que es preciso abrir una investigación y depurar responsabilidades. Si Exteriores no puede socorrer a los españoles en apuros, mejor que dimita la ministra y dé paso a alguien más competente.