Una semana decisiva

La reunión de hoy entre Merkel y Sarkozy es de gran trascendencia para encauzar la crisis de la deuda en la eurozona y acelerar los acuerdos tomados en julio relativos a los mecanismos de rescate. La indefinición y cierto oscurantismo en la toma de decisiones son algunas de las causas que explican los ataques de los especuladores a las deudas soberanas más expuestas, como la española y la italiana; de ahí que la cumbre de hoy en París tenga como principal misión despejar dudas y transmitir confianza sobre la capacidad de Europa para mantener en pie el euro más allá de que el BCE haga de bombero y haya comprado deuda soberana la pasada semana por 22.000 millones para apagar el fuego. Luego será cuestión de analizar si la solución más conveniente es la emisión de bonos europeos o la creación de un fondo monetario. Para España, en concreto, la reunión tiene especial importancia porque el Gobierno está obligado a aprobar en el Consejo de Ministros del viernes el paquete de medidas adicionales avanzado por Salgado el pasado 7 de agosto y añadir alguna otra de última hora. Además, el draconiano plan de recortes anunciado por Berlusconi para Italia ha colocado a nuestro país en el centro de atención de los mercados, que aguardan recortes más contundentes del gasto y un saneamiento más rápido de las cuentas públicas. ¿Está dispuesto el Gobierno socialista a realizar ese esfuerzo añadido que le piden Trichet y Merkel? De las medidas avanzadas por la ministra de Economía para recaudar 5.000 millones se desprende una desganada voluntad de cumplimiento en el sentido que los clásicos daban a este término: cumplo y miento. Así, la decisión de adelantar a cuenta el cobro del impuesto de sociedades de las grandes compañías no es más que una treta para disponer de caja ahora y diferir el problema a dentro de dos años. La cuestión clave es otra, a saber: si el Gobierno está realmente dispuesto a culminar reformas tan vitales para ganar competitividad, como la laboral y la de negociación colectiva, o, por el contrario, sólo pretende ganar tiempo hasta el 20-N para no perjudicar las expectativas electorales del candidato Rubalcaba. En este punto, resultará muy elocuente la decisión que adopte el Consejo de Ministros, este viernes o el próximo, sobre la prórroga del subsidio de 400 euros a los parados que han agotado la prestación. Rubalcaba ya ha expresado públicamente que es partidario de mantenerlo; Salgado no desvela su criterio y se ha limitado a decir que antes habrá que evaluar el impacto en las cuentas. No obstante, a medida que pasan los días se refuerza la sospecha de que el Gobierno no desea emplear los dos meses hábiles que le restan antes de que se ponga en marcha la maquinaria electoral en darle otra vuelta de tuerca al plan de ajuste que pasaría, inevitablemente por medidas tan impopulares como otro recorte salarial a los funcionarios, una reforma del mercado del trabajo para ligar los sueldos a la productividad y un adelgazamiento mayor de la nónima de cargos públicos. A diferencia de Italia, da la sensación de que España no se mueve pese a estar intervenida «de facto», lo que no augura días apacibles en los mercados de deuda.