Más de 500 familias luchan en los tribunales

BARCELONA- La Generalitat de Cataluña esgrime que, diga lo que diga la Justicia, no es de recibo modificar todo el sistema educativo de inmersión lingüística para atender a las peticiones de sólo tres familias. Más allá de las consecuencias jurídicas del posicionamiento del Gobierno catalán, lo cierto es que no son sólo tres familias las que han recurrido a los juzgados para que sus hijos puedan educarse tanto en catalán como en castellano, sino más de 500. Así lo aseguró ayer a este diario Ángel Escolano, abogado de Convivencia Cívica y representante de estas familias.

Escolano calcula que en los próximos meses recibirá la resolución de trece procesos judiciales más y en menos de dos años de otros 500. Lo que evidencia de forma objetiva que los que llevan más de seis años batallando en los tribunales para que los derechos de sus hijos sean reconocidos en la práctica y no sólo en el papel no están solos. Una realidad que viene a desmontar, una vez más, los argumentos mediáticos del Ejecutivo catalán en su cruzada contra el castellano.

Pero, de momento, el siguiente paso del letrado y de los demandantes en este largo periplo pasa por recurrir en casación el último autor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Escolano aseguró ayer que el escrito será presentado el lunes 19 de marzo ante el TS. Y, como avanzó ayer a este diario, el redactado pondrá en evidencia que el TSJC «contradice literalmente al Supremo y a las cinco sentencias firmes de este tribunal que obligan a la Generalitat a que el catalán y el castellano coexistan de forma equilibrada en las aulas».

«La inmersión lingüística es ilegal, así lo ha dictado el Tribunal Supremo», aseveró el letrado para añadir que «lo declara también la propia Generalitat, que en sus escritos judiciales niega «que exista inmersión lingüística en las aulas y defiende de que se trata de conjunción lingüística».

«Miente también el Gobierno catalán, cuando asegura que el Tribunal Supremo ejerce de legislador porque lo que establece en sus fallos es cómo aplicar la Ley, teniendo en cuenta además, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña», resaltó Escolano. Lo que dictó el Constitucional es que «cuando se habla del catalán como lengua vehicular se ha de entender que necesariamente el castellano también lo es», recordó el abogado. Por lo tanto, no cabe prestar una atención individualizada a los hijos de los demandantes sino que el sistema educativo de Cataluña debe ser bilingüe. En cualquier caso, el TSJC debe ejecutar las sentencias del Supremo, como órgano jurisdiccional inferior que es.

No una materia más
En cuanto a qué medidas deben llevarse a cabo y cómo deben implementarse para que la presencia del castellano en las aulas sea real y efectiva es competencia del propio Gobierno catalán, el único límite radica en que no sea tratado como lengua extranjera, o lo que es lo mismo, que no se imparta como una materia más dos horas a la semana.

Escolano apuntó que pedirá la tramitación preferente del recurso para intentar que la situación esté corregida el próximo curso.

Mar Sicilia: «Sólo pedimos a la Generalitat que se cumpla la Ley»
Madre de una niña
Madre de un niña de cuatro años, Mar Sicilia solicitó, junto a otros padres y por escrito, a la Consejería de Enseñanza que su hija recibiera una educación bilingüe en el colegio concertado de Castelldefels al que asiste. De eso hace casi un año y hasta ahora no ha obtenido respuesta alguna. «Tenemos suerte de poder hablar y estudiar en castellano y catalán, ¿por qué no aprovecharlo?», se lamenta Sicilia y, añade, «mi hija tiene que estudiar en catalán, ¡claro!, pero también en castellano, como lo hice yo, porque no quiero cerrarle oportunidades». Más aun, «estaría de acuerdo en una educación trilingüe», destaca. Sicilia no ha recurrido aún a los tribunales para que su hija vea reconocidos sus derechos lingüísticos, pero no lo descarta. «Haré lo que haga falta para ayudar». «No entiendo lo que está pasando», dice sobre el último auto del TSJC. «Se ha de acatar lo que dicta el Supremo». Y,no de forma individualizada, porque eso sería «una discriminación absoluta». Una exclusión que ya siente por parte de algunas familias y de la propia Administración, que mantiene el silencio. «Parece que lo único que les interesa es el conflicto político y lo que están creando es un problema social», apunta.

E. López-Doriaga: «La actual atención individualizada es un fraude absoluto»
Padre de tres hijos
Catalán, casado con una navarra y padre de tres hijos, Eduardo López-Doriaga lleva años luchando para que sus tres hijos puedan educarse tanto en castellano como en catalán, porque tiene claro que «la lengua es fundamental para desarrollarse laboralmente», entre otros motivos. Su lucha comienza en 2006 ante la Consejería de Enseñanza y hace escasos meses la llevó ante los tribunales. Entre tanto, consiguió que a sus dos hijos menores se les prestara atención individualizada –aunque defiende que todo el sistema debe ser bilingüe– pero comprobó que en Cataluña no existen libros de texto en castellano y que algunos profesores obligaban a los alumnos a responder exclusivamente en catalán. Asume que sus hijos, como escolares, no se beneficiarán de un sistema educativo con dos lenguas vehiculares –su hija mayor, de doce años, estudia en Navarra–, pero como presidente de la Asociación por la Tolerancia no piensa tirar la toalla.