Silvia Clemente con los agricultores ante una «nefasta» reforma de la PAC

Burgos- Se trata de una propuesta incomprensible para el campo español y, en especial para el de Castilla y León. Además. la reforma de la PAC planteada en Bruselas es «técnicamente nefasta» y perjudicial. La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, planta cara sin contemplaciones a esta decisión y defiende una postura comúnn frente a lo que los agricultores consideran el mayor atropello que se les ha hecho nunca.
Estas son las armas con las que la consejera comparece hoy en la Conferencia Sectorial y el Consejo Consultivo de Agricultura, que se celebrará en la capital de España a partir de las once de la mañana. El objetivo está claro para Silvia Clemente. «De aquí debe salir una postura conjunta contra la reforma que el Gobierno deberá defender en el Consejo Europeo del próximo jueves y con el que España pueda oponerse de manera contundente y fundamentada a cada uno de los apartados que nos son nocivos».

La consejera confiesa que desde Castilla y León son varias las aportaciones que se han hecho y algunas de ellas ya se han incorporado al documento definitivo. Aunque espera una respuesta positiva del Gobierno, echa en cara al Presidente del Gobierno de «no haberse implicado en el desarrollo de los reglamentos» y que, por ello, no se ha podido ver ninguna modificación que sea buena para España.

La consejera de Agricultura también ha reclamado por hacer un frente común con países como Francia, Alemania e Italida y subrayaba que si el próximo 20 de noviembre el Partido Popular gana las elecciones «reafirmará la necesidad de proteger y apoyar de manera clara y cierta a los agricultores y ganaderos».

Silvia Clemente volvió a lamentar que sea Castilla y León, junto con Andalucía, las comunidades más perjudicadas por esta reforma y define esta propuesta como «café para todos», al no apostar ni por la productividad ni por una agricultura fuerte.

El texto presentado desde Bruselas establece un sistema de pagos directos, con el establecimiento de una tarifa plana por hectárea, que penalizará más a las explotaciones más productivas y de mayores costes, como el regadío. Los requisitos ambientales contarán con un 30 por ciento de los fondos y establecerán la rotación de cultivos, las superficies de pastos y las franjas ecológicas.

Entre las medidas propuestas tampoco hay soluciones a la gestión de mercados ni una apuesta clara por el rejuvenecimiento del sector, al destinarse a esta materia sólo un dos por ciento del presupuesto, cuando se asume que dos terceras partes de los cultivadores tienen más de 55 años en Europa.

Reacción contraria
La reacción desde las organizaciones agrarias no se ha hecho esperar esta semana que califican de «muy dañina» para el campo este documento y advierten que si «no se da la vuelta a la tortilla» se expulsarán en ocho años a 20.000 profesionales del campo de Castilla y León, es decir, la mitad de los que actualmente cotizan en el Regimen de la Seguridad ocial Agraria.
Actualmente en Castilla y León existen cerca de 95.000 perceptores PAC, pero sólo alrededor de 50.000 cotizan como agricultores, de los que podrían desaparecer la mitad. Según UPA y Coag la reforma ataca a las explotaciones productivas de regadío y ganado intensivo, favorece la especulación y los profesionales a tiempo parcial, así como a los terratenientes y a los grandes propietarios y no a los de mediano tamaño.