La tramitación del plan de ajuste aparca un mes nuevos proyectos

Sevilla- En «stand by». Así permanecerá la iniciativa de las consejerías casi un mes hasta que esté listo el plan andaluz de ajuste económico. La razón esgrimida por la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, es de peso: con la vista puesta en los recortes, «no tiene sentido que las actuaciones se decidan conforme a los distintos criterios de las consejerías, sino del Consejo de Gobierno. Se aparcará lo nuevo».De momento, el equipo de José Antonio Griñán se reunirá de forma extraordinaria el próximo viernes para aprobar la traslación a Andalucía del decreto de medidas encaminadas a recortar el déficit público impuesto por Zapatero. Tras el visto bueno al «tijeretazo» estatal y hasta la ratificación del plan de ajuste propio, que el Ejecutivo autonómico quiere presentar en el Parlamento antes del 22 de junio, semana del Debate sobre el Estado de la Comunidad, quedarán suspendidos todos los nuevos proyectos. «No se trata de paralizar la acción de la Junta –matizó Moreno–, sino de postergar decisiones que generen nuevos gastos porque hay que armonizar las prioridades».Preguntada por la cuantía que supondrá la aplicación del decreto del Gobierno, la consejera respondió: «La Junta no va a trabajar contrarreloj por cuestiones de carácter de comunicación –el interés de los medios–, tiene que hacerlo con rigor». Quien sí ha hecho ya esos deberes es la oposición. Cabe recordar que el PP cifró en 2.484 millones el impacto que supondrá para los andaluces las medidas de ajuste de Zapatero e IU en 3.000 millones.De cara al Consejo de Gobierno del viernes, la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, convocará mañana a la Mesa General de la Función Pública. Sobre el tapete una cuestión que se prevé polémica: las rebajas salariales que el Gobierno andaluz llevará a cabo afectarán al conjunto de los empleados públicos –funcionarios y trabajadores de empresas de la órbita de la Junta–, en la horquilla fijada por el Ejecutivo central –entre el 5 y el 15 por ciento–, pese a que éste sólo lo aplicará a los altos cargos. ¿A qué responde esa decisión? Según Moreno a que las medidas a tomar se fijarán conforme a dos premisas básicas: «El principio de no discriminación, es decir, los ajustes no pueden producir diferencias entre los empleados del sector público, y el mantenimiento del diálogo con los representantes de los trabajadores». Sin embargo, los secretarios regionales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, ya manifestaron la semana pasada su oposición a la rebaja salarial para los empleados públicos, entre otras cuestiones, porque «violaría» acuerdos ya rubricados. De hecho, casi medio millón de personas del sector están convocadas a la huelga el 8 de junio.

«La austeridad de Barreda no es superior a la nuestra»El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, comenzó la semana anunciando que iba a convertir a su Gobierno en el más reducido de España, al disminuir las consejerías de diez a siete y los entes públicos de 93 a 40. En la misma línea, Canarias reducirá el número de consejerías en tres o cuatro y las empresas públicas entre un 30 y un 40 por ciento. En la comunidad no hay que esperar ninguna nueva iniciativa en esa dirección, a tenor de las palabras pronunciadas ayer por la consejera de Presidencia, Mar Moreno. «Nos parecen muy bien todas las medidas de austeridad que pueda adoptar el Gobierno de Castilla-La Mancha –dijo– pero no son superiores a las que ya ha tomado Andalucía en esta materia». En ese sentido, recordó que José Antonio Griñán «ha suprimido dos consejerías y un total de 39 altos cargos en dos años y Castilla-La Mancha tiene la cuarta parte de la población de Andalucía». Y siguió con las comparaciones: «Las Cortes de esa región tienen 49 diputados, el Parlamento andaluz 109 y no es lo mismo gobernar una comunidad de dos millones de habitantes que otra de ocho». Dicho de otra forma: el líder del PP-A, Javier Arenas, no parece que vaya a lograr la reducción de la estructura del Ejecutivo andaluz a 10 consejerías, o la poda a la mitad de los altos cargos que reivindica desde hace meses. La consejera lanzó incluso un aviso: «Si no se analiza el impacto económico que los recortes tienen en el territorio en el que se toman, se puede convertir todo en una subasta de medidas».