La integración de los agentes de empleo cuesta más de 26 millones

Con todo, no era ése el principal objetivo, sino la «búsqueda de la eficiencia» y el mantenimiento del empleo. Esta última premisa se ha cumplido con la integración del personal laboral en las agencias públicas empresariales, pero hay un colectivo que se ha quedado fuera: los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES). El motivo, muy sencillo: no hay dinero para ellos porque sus salarios los tendría que asumir íntegramente la Junta de Andalucía. ¿Quién les pagaba ahora?: Entre la Administración General del Estado y los Fondos Europeos.
La situación de los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES) –antiguos agentes de desarrollo local– era atípica. Estaban adscritos –tras una negociación de UGT– a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), un organismo que dependía de la Consejería de Empleo. La Junta pagaba el 100 por cien del salario de los directivos y un porcentaje –entre el 80 y el 70 vía transferencias del Estado– en función del número de habitantes del municipio en el que prestaban sus servicios. Pero dependían del Ayuntamiento, tanto para ejercer su labor como para obtener la plaza. No había oposición.
¿Qué ocurre ahora? Con la ley de reordenación del sector público las UTEDLT quedan extinguidas. El personal, en principio, engrosaría las listas del paro. Ahí surge la premisa de la Junta: «La integración no supondrá en ningún caso la pérdida de puestos de trabajo». Solución: el protocolo de integración de personal del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA de 30 de abril) recoge la subrogación en la nueva Agencia tanto de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) así como del personal de los consorcios UTEDLT. Y concreta: «El personal con relación laboral común de los Consorcios UTEDLT que se integra en la Agencia mantendrá las mismas condiciones laborales y retributivas de las que disfrutaba en los respectivos Consorcios, así como las dimantes, en su caso, del I Convenio Colectivo». El problema es económico.
Según datos de la Junta de Andalucía, existen 728 agentes de empleo. Un informe de la Dirección General de Presupuestos al que ha tenido acceso LA RAZÓN advertía en marzo de 2011 que «el coste de este personal se ha venido sufragando con subvenciones financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que son transferidas anualmente por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para su gestión por las comunidades autónomas». Con la nueva agencia, «esta financiación finalista quedaría a expensas de los correspondientes convenios, por lo que la no renovación situaría a la comunidad autónoma en la disyuntiva de financiar con cargo a sus propios recursos estas contrataciones o bien proceder a su extinción asumiendo igualmente las correspondientes indemnizaciones. En ambos casos, se originarían costes que tendrían que asumirse con cargo a recursos presupuestarios propios no previstos actualmente». El coste no es menor: 26.701.910 de euros.
Las consideraciones de la Dirección General de Presupuesto van más allá. El dinero del Ministerio de Trabajo son transferencias cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Al pasar el personal a la agencia, existe la duda de que esos proyectos puedan «seguir imputándose» a las partidas comunitarias. «En todo caso –recuerda el escrito– quedaría la incertidumbre acerca de su financiación a partir del ejercicio 2013 cuando concluya el actual marco de programación de fondos europeos». La conclusión es clara: «Esta circunstancia puede tener a medio plazo claras repercusiones financieras en el Presupuesto de la comunidad, pues se trata de una financiación no garantizada en el tiempo».
Ahí está la clave para que la Junta tenga dificultades en asumir la subrogación de ese personal, uno de los compromisos pactados con los sindicatos UGT y CC OO. Otras centrales sindicales CSIF, SAFJA o Ustea se han opuesto a que los ALPE se conviertan «en empleados públicos por la puerta de atrás».
El sindicato UGT ha denunciado que pese a que el decreto de reordenación del sector público ya está en vigor, muchos agentes locales de promoción y empleo local no han pasado aún a formar parte de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. De hecho, el pasado viernes mantuvieron un encuentro en la sede central de la Consejería de Empleo para desbloquear la situación.

El «falso» ahorro de los directivos
Los Consorcios UTEDLT contaban con 95 cargos de alta dirección. El coste salarial de este personal de confianza de la Junta era de tres millones de euros –2.912.463– . Con cargo a los Presupuestos andaluces se pagaban poco más de 300.000 euros –308.964–, mientras que el resto provenía del Ministerio de Trabajo y Fondos Europeos. El ahorro es menor, ya que ese personal directivo se mantiene en la Administración y pasa de tener contratos de alta dirección a laborales ordinarios.