El fracaso de Barreda en la política del agua le obliga a proponer una nueva ley

En este ámbito, los socialistas castellano - manchegos acusaron al PP de dejar que el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dicte la política del agua del Partido Popular.

Sin embargo, los miembros populares, liderados por María Dolores de Cospedal, dejaron patente con multitud de datos «la ineptitud» del Gobierno manchego de José María Barreda, para solucionar el problema del agua. De esta forma, la oposición de Castilla-La Mancha apuntó que Barreda vuelve a poner en marcha toda la maquinaria institucional a su alcance para llevar a cabo su política hídrica, entre la que se incluye la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

El Consejo del Agua, que se crea con esta ley, sólo será un órgano consultivo, ya que se adscribe a la Agencia del Agua, la que se tendría en cuenta si el Gobierno central desarrollara un plan hidrológico nacional. Ayer se debatieron en las Cortes manchegas las nueve enmiendas que el Partido Popular presentó a la nueva regulación. Unas enmiendas que para el Grupo Socialista estaban dirigidas desde el Levante español, «lo que hacen es agachar la cabeza y decir sí a lo que dicen desde Murcia y Valencia en materia de agua, aunque eso suponga ir en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, como habitualmente hacen, permitiendo que el señor Valcárcel meta la mano en todo lo que quiera, en relación al problema del agua», subrayó el secretario de Organización del PSOE castellano- manchego, José Manuel Caballero, quien además añadió que el motivo de que no haya un acuerdo entre las dos formaciones políticas en la región «es porque en el PP quien manda es el presidente de Murcia», y en tanto, «los intereses de Murcia y Castilla-La Mancha son opuestos, por lo que el acuerdo es inviable». Asimismo, Caballero subrayó que «Valcárcel se ha quedado con el agua y Cospedal con la Secretaría General y el sueldo que conlleva».

Por su parte, la oposición popular denunció que en los 28 años de gobierno socialista en la comunidad, no han sido capaces de solucionar el problema hídrico en Castilla-La Mancha y tampoco creen que esta ley sea la solución. Por ello, exigieron que el Gobierno de José María Barreda que deje de culpar a otras comunidades autónomas, como a Murcia y Valencia, del fracaso de su política hídrica, «quien ha traicionado realmente a Castilla-La Mancha ha sido el señor Barreda, quien después de 28 años de gobierno sigue teniendo los dos grandes problemas estructurales que tenía en 1983, el agua y el vino».

De Cospedal, por otra parte, insistió en la «demagogia» del PSOE en materia de agua, a dos meses de las elecciones y después de llevar casi treinta años gobernando la región.
De esta manera, el pleno de las Cortes rechazaron, con los votos de la mayoría del PSOE, la totalidad de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la Ley del Agua, para su remisión al Congreso de los Diputados, al considerar los socialistas que el texto alternativo realizado por la oposición «amputa» las mejoras introducidas para garantizar los derechos de la comunidad en esta materia.

La próxima norma en pasar por las Cortes de Castilla-La Mancha será la Ley del Agua, que recoge el mismo texto que incluía el Estatuto de esta comunidad y que fue rechazado en el Congreso hace ya casi un año.


Moncloa no da respuesta a Valcárcel
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la gestión del Guadalquivir estuvo ayer presente en Moncloa, en el encuentro que mantuvieron Zapatero y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán. El motivo de esta reunión fue la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan la gestión de la Junta de Andalucía sobre el río, tal y como se menciona en el Estatuto andaluz. Un encuentro que fue muy criticado por el PP, porque les llamó la atención que Zapatero recibiera a Griñán poco días después de conocer la sentencia, mientras que Valcárcel continúa sin tener respuesta de Zapatero, y eso que la solicitó hace dos meses.