La segunda reordenación pública de IU: poner coto a las externalizaciones

Sevilla- A una semana para que se cumpla la fecha en principio marcada como tope para la presentación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2013, aún no hay luces claras de por dónde irán las cuentas sin duda más difíciles de la etapa Griñán. IU tampoco ofrece datos concretos pese a ser parte en el Gobierno y a estar, por tanto, en interlocución permanente con el PSOE. Lo que sí hace es marcar el trazo por el que tendrá que discurrir el dibujo presupuestario.
Ajuste general habrá sí o sí en el próximo Presupuesto. IU quiere salvaguardar las partidas de educación y sanidad, pero es practicamente imposible mantener la misma asignación que tuvieron en el Presupuesto inicial de 2012. No es un detalle menor el hecho de que copen un 50 por ciento de todo el montante global (15.000 millones). Se han visto además afectadas por una reducción sustancial de transferencias por parte del Ejecutivo central. ¿Qué hará IU si no se mantiene la misma asignación? Ésta es una pregunta que el coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, evitó contestar de manera clara. El funambulismo del socio de gobierno es también difícil. Por un lado tiene que mantener la coherencia de su discurso para contentar a su electorado y por otro tiene que mantener la buena vecindad con el PSOE para que el bipartito no salte por los aires.
IU sí ve margen de ajuste en el anillo de empresas públicas. Dio ejemplo la semana pasada con la eliminación de 30 puestos directivos sobrantes de la Empresa Pública de Suelo (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento, bajo el control de la coalición de izquierdas. El ejemplo lo ven exportable a otras empresas dependientes de consejerías del PSOE. Cree Izquierda Unida que la reordenación del sector público, aprobada por ley a principios de 2011 y muy contestada en la calle por los funcionarios, se ha quedado corta. El recorte «numérico» de entes no ha ido acompañado de medidas para mejorar la «eficiencia», según el portavoz parlamentario José Antonio Castro. Y por ello insta a ir a un segundo proceso. El objetivo es poner coto a las encomiendas de gesión de consejerías a empresas públicas, tumbadas en muchos casos por los tribunales al contar estas consejerías con personal suficiente para hacer el trabajo; y a los contratos de asistencias técnicas que también suponen un engorde de la administración paralela por la puerta de atrás.