El PP a Chaves: «Que dimita antes de que lo inhabiliten»

La solicitud de los populares surge después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya ordenado al Gobierno andaluz abrir un expediente sancionador al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, por no inhibirse en la concesión de una ayuda superior a los diez millones a Matsau, empresa en la que trabajaba su hija, Paula Chaves.

El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, anunció toda una ofensiva política en el Congreso, el Senado y el Parlamento andaluz, donde reclamará por segunda vez que se cree una comisión de investigación.

«Chaves y Griñán, como presidente y líder de los socialistas andaluces, han intentado desde el principio ocultar, esconder y tergiversar todo aquello que pudiese afectar a la decisión de la Junta de subvencionar a Matsau», denunció.

Según Tarno, desde que se hizo pública la situación, Chaves «ha mentido repetidas veces» a la opinión pública y al Congreso sobre la relación de su hija con la empresa, lo que atribuyó a la «soberbia y prepotencia con la que ha gobernando» tantos años en Andalucía.

Para el PP, lo realmente trascendente de la decisión del TSJA es que «Chaves sabía y debía saber» si su hija trabajaba en dicha entidad como apoderada y que, por tanto, «incumple» la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos al «no inhibirse» en la concesión de la subvención.
La justicia, según Tarno, ha puesto en «su sitio» tanto a Chaves como al Gobierno andaluz, que «se negó a abrir» un expediente sancionador.

«Un vicepresidente tercero al que se le va incoar un expediente que puede acarrear su inhabilitación como cargo público entre 3 y 10 años no pondría a Zapatero en el compromiso de tener que aplicar la ley y cesarle, sino que voluntariamente debe abandonar el Gobierno», advirtió.

El vicesecretario general del PP-A recalcó que la «dureza» de la decisión judicial afecta igualmente al Gobierno andaluz que preside José Antonio Griñán por «no aplicar» sus propias leyes «ni incoar a sabiendas» el expediente sancionador al ex presidente de la Junta porque «le beneficia».

«La actitud de la Junta es de sonrojo, de bochorno ante una vulneración de la ley incompatibilidades», enfatizó.

En este sentido, la ofensiva del PP-A también tuvo el respaldo desde la dirección nacional. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró que la Junta «tiene la obligación de expedientar y sancionar» al vicepresidente tercero del Gobierno «como un ciudadano más» y por «higiene democrática».

También se sumó a la críticas al expresidente andaluz, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que afirmó que «con esta sentencia han quedado en entredicho tanto el señor Chaves, como el señor Griñán». Para la dirigente popular «eso hay que investigarlo hasta el final, tienen que abrir un expediente administrativo, tienen que sancionarle y el señor Chaves tendrá que dar explicaciones en el Congreso».