Semana de vértigo por Carmen Gurruchaga

El acuerdo del Consejo europeo trae una «recomendación» bajo el brazo, consistente en que España presente un plan económico y financiero, marco de reformas y senda para cumplir con el objetivo de déficit. Esto significa que el Gobierno sacará la tijera de podar y empezará a cortar de aquellas partidas en las que resulte factible. Es probable que Rajoy las anuncie el miércoles en el debate que se celebrará en el Congreso y que el jueves, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro advierta a las CC AA de la necesidad inexcusable de que hagan más ajustes. El Gobierno tiene que conseguir ahorrar entre 30 y 40.000 millones de euros, por lo que deberá atacar donde se encuentren grandes bolsas de gasto: prestaciones por desempleo y jubilaciones. Estas últimas serán congeladas, con toda probabilidad, mientras que el subsidio máximo a los parados pasará de 24 meses a 18. En el mundo del desempleo existen grandes dosis de picaresca y de la misma forma que con sólo cruzar datos Sanidad ha descubierto que 200.000 personas utilizaban una cartilla sanitaria de jubilado que no les pertenecía, se ha comprobado que existe un alto número de parados que cobra prestaciones al mismo tiempo que trabaja en la economía sumergida. Está claro que en la situación económica actual se acabó el Estado de Bienestar tal y como lo hemos conocido en las últimas décadas o, dicho de otra forma, el papá Estado no va a ser tan generoso como ha sido hasta ahora y se mostrará más exigente, aunque tampoco dejará a nadie que se esfuerce a la cuneta. Así, por ejemplo, quien quiera estudiar en la enseñanza no obligatoria podrá hacerlo a cambio de buenos resultados académico y la Sanidad estará garantizada.