La Fiscalía no abrirá una causa general para investigar los casos de «niños robados»

El Ministerio Público instó este martes a los perjudicados a presentar denuncias individualizadas ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos. Se basa en que no fue una sola organización la que los llevó a cabo.

La Fiscalía General del Estado no abrirá una causa general para investigar los casos de 'niños robados' que se denunciaron el pasado jueves. Los responsables de las sustracciones no integraban una única estructura. Se trataba, en cambio, de distintas organizaciones que no estaban interrelacionadas. En esto se basa el Ministerio Público para instar a los demandantes a presentar denuncias individualizadas ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) había agrupado a más de 200 afectados. Provenían de distintos puntos del país, ya que los 300.000 robos estimados se llevaron a cabo en clínicas de toda España.

El tráfico de bebés había nacido con la llegada del Franquismo y murió años después de la desaparición del régimen autoritario, a mediados de los 80. Es más, la asociación avisa de que, a día de hoy, todavía se dan casos aislados de secuestros. Esta es la clave de su argumentación, la base que le sirve para afirmar que los delitos "no han prescrito".

Concentración ante la Fiscalía
Con la representación del abogado Enrique Vila y armados con partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN y testimonios de enfermeras que participaron en estas tramas, los denunciantes acudieron a la sede de la Fiscalía portando pancartas. Eran hijos que habían descubierto que habían sido comprados y padres, adoptivos y biológicos, que habían sido engañados.

A los progenitores reales se les comunicaba la muerte de sus bebés mientras éstos se entregaban a los adoptivos con documentos falsificados. A los 'compradores' se les decía que las familias de los niños habían fallecido en accidentes de tráfico, o que eran hijos de madres drogadictas o prostitutas que no los querían, explicó Antonio Barroso, presidente de Anadir. Todas las partes habían sido víctimas de una gran mentira.

"Médicos, comatronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementerios". Trabajadores de todo tipo integraban estas organizaciones, según la documentación recabada.