El PP quiere limitar las consejerías de las autonomías y el sueldo de sus altos cargos

Entre otras propuestas, se comprometen a limitar a un máximo de diez el número de consejerías por comunidad y ciudad autónoma; a establecer un marco de referencia para los salarios de los cargos políticos de las administraciones; a reducir el número de delegaciones territoriales de las comunidades autónomas para ganar en eficiencia y simplicidad; a recortar el número de entes y organismos del sector público; a reducir el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las administraciones, empresas y entidades públicas; y a reducir el parque móvil.

En el documento programático el PP defiende la vigencia y validez del Estado autonómico como eje vertebrador de la convivencia y el progreso en España, pero advierte de que hay «problemas de funcionamiento que deben ser solucionados». Para ello, plantea «un gran pacto nacional sobre el modelo de Estado» que conduzca a unas administraciones «austeras, fuertes, eficaces y comprometidas con el interés nacional».

El PP también se compromete a racionalizar la presencia exterior de las comunidades autónomas, es decir, las llamadas embajadas autonómicas, «con criterios de eficiencia y coordinación con los servicios exteriores españoles, y evitando atribuciones políticas impropias». Y limitará «al mínimo indispensable, previo análisis de puestos y efectivos, la convocatoria de nuevas plazas en las ofertas de empleo público para redimensionar las administraciones públicas y adecuar las plantillas a los requerimientos de una administración eficiente y moderna».

El programa marco de los populares incluye, asimismo, un capítulo dedicado a la estabilidad presupuestaria, en el que cada comunidad se compromete a fijar un techo de gasto no financiero dentro de unas proyecciones plurianuales compatibles con las previsiones nacionales. Y en materia de educación el PP sostiene que garantizará «a las familias que sus hijos puedan estudiar en castellano en todas las etapas educativas» y «elegir el centro de su preferencia, sea público o privado». Es más, promete enseñanzas comunes en toda España con el fin de «garantizar la cohesión del sistema educativo en todo el territorio nacional».

Dentro de este capítulo educativo defienden el derecho al concierto y promoverán «la revisión de los criterios de admisión para que los padres no encuentren obstáculos en su elección del centro». Además, se comprometen a implantar evaluaciones externas para que los padres tengan información transparente sobre los resultados académicos y de gestión de cada uno de los centros educativos.


LAS PROPUESTAS
- Limitar a un máximo de diez el número de consejerías por comunidad y ciudad autónoma.
- Establecer un marco de referencia para los salarios de los cargos políticos.
- Reducir las delegaciones territoriales de las comunidades para ganar eficiencia y simplicidad.
- Recortar el número de entes y organismos del sector público y el número de altos cargos.
- Racionalizar las embajadas autonómicas.
- Educación en castellano en todas las etapas.
- Garantizar la cohesión del sistema educativo.