Los médicos piden una ley que les garantice la objeción de conciencia en el aborto

Así lo anunció ayer Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, máximo representante de la profesión en España, que aseguró que objetar «no es pretender que se cambie la norma», sino pedir respeto para el profesional que no quiere «hacer aquello en lo que no cree». «El facultativo responde ante el paciente, ante el sistema y ante los valores hipocráticos».

Sendín recordó que, desde la despenalización en España de la interrupción provocada del embarazo en 1985, «una de cada tres gestaciones ha acabado en aborto», lo que supone más de un millón de vidas eliminadas antes de nacer. En su opinión, la reforma impulsada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, «no va a cambiar muchas cosas» en la práctica, excepto que el aborto «será un servicio público», cuando antes «era un delito» sobre el papel.

En relación a una eventual sentencia desfavorable a la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite sendos recursos presentados por del PP y el Gobierno Foral de Navarra, Sendín señaló que la máxima instancia judicial «es poco previsible y puede tardar mucho tiempo en decidir», por lo que descartó que su intervención influya en la aplicación de la normativa en el corto plazo.

Sendín lamentó, por otra parte, que las menores puedan abortar sin permiso paterno y que ésto quede a la discreción de los médicos, cuya misión debería ser «evitar el aborto» porque provoca secuelas físicas y psíquicas en las mujeres, que «duran hasta los 30 años», y entre las más jóvenes, «imagínense». También aplaudió que el Gobierno «escuchara» sus reclamaciones durante la tramitación de la ley, entre las que destacó que se le ofrezcan alternativas a las mujeres que se planteen abortar, porque «ninguna debería hacerlo por problemas económicos».


Cataluña derivará a las privadas
- La Consejería de Salud dirigirá a las mujeres embarazadas de menos de 14 semanas que quieran abortar hacia las clínicas privadas. La derivación será transitoria hasta enero, cuando los hospitales y ambulatorios estén preparados para asumir la nueva demanda. Hasta entonces, 13 clínicas privadas autorizadas para llevar a cabo esta intervención serán las responsables de interrumpir los embarazos no deseados.
- Las mujeres que vayan por la Sanidad pública deberán avanzar el coste de la intervención, que oscila entre los 300 y los 600 euros. Esta cantidad será reembolsada por el Servicio Catalán de Salud. Si la mujer no tiene recursos, el coste será asumido al instante por la red hospitalaria pública.
- Los centros públicos realizarán los abortos por malformaciones fetales en gestaciones avanzadas.
- Si el embarazo es de menos de siete semanas, a partir de 2011 se podrá provocar a través de la píldora abortiva RU-486.