No siendo serios todo vale, incluida la Doctrina Parot, ese intento del Tribunal Supremo de erigirse en legislador e imponer lo que no pudo el ministro Michavila porque se lo prohibía la Constitución. El Supremo, sintiéndose por encima de la Constitución, terminó aplicando retroactivamente el cumplimiento íntegro de las penas a los etarras y, ya puestos, a los presos comunes también. Antonio Izquierdo, uno de los de Puerto Hurraco, se ahorcó en prisión tras saber que en vez de salir cuando decía la ley iba a salir cuando quisiera la doctrina Parot. Ahora el Tribunal Constitucional acaba de dar la razón a tres penados, uno de los cuales ha pasado en prisión injustificada e ilegal seis (6) años. Pudo remediarlo la Audiencia Nacional no plegándose a las ilegales intenciones del Supremo; también los fiscales, oponiendo la ley al mero voluntarismo del Supremo, y hasta el Tribunal Constitucional, que ya en 2007 pudo liberar a los ilegalmente detenidos pero tardó cinco años más en darse cuenta de lo que era evidente desde el principio. Constatado el abuso de funciones lo propio sería perseguir por detención ilegal a quienes perpetraron la tropelía, pero no se hará porque la ley para ellos no rige. El derecho penal resulta hoy un arcano indescifrable muy lejos del cumplimiento de la ley y tomado al asalto por pequeños tiranos que acceden al cargo por oposición y luego se eligen entre ellos por cooptación. Procede recordarles que de la misma manera que nadie nos pidió permiso para montar los GAL, tampoco esta vez nos han pedido permiso para detener ilegalmente a nadie. Y ahora las indemnizaciones que, naturalmente, no pagarán los responsables sino nosotros, que sufriremos igualmente la vergüenza de tener una justicia así.