Sentencia antes que renovación

El PSOE ha decidido reactivar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado y cuyo proceso había bloqueado durante dos años por su veto a los candidatos propuestos por el PP, Francisco José Hernando y Enrique López. La comparecencia del presidente catalán, José Montilla, en la Cámara Alta ha supuesto el sorprendente punto de inflexión en una posición que era radicalmente contraria a emprender ese camino. Hemos defendido que la situación ideal, y la deseable, del Tribunal Constitucional pasaba por que el mandato de sus miembros estuviera plenamente vigente, pero esa circunstancia dependía de los grupos políticos mayoritarios y no de los magistrados. En cualquier caso, la renovación o no en plazo no mermaba ni cuestionaba la legitimidad del Tribunal para desarrollar sus funciones con normalidad, como lo ha hecho hasta este momento. Hay que recordar además que no es la primera vez que se da una situación así, aunque, sin duda, el panorama político no estaba mediatizado por un asunto como la sentencia sobre el recurso del Estatuto de Cataluña. La cuestión es, por tanto, qué ha cambiado para que los socialistas, de repente, hayan girado 180 grados en su actitud inalterable de los últimos dos años. Entendemos que ni la inocencia, ni la ingenuidad, ni siquiera la altura de miras o el sentido de Estado han condicionado esa decisión. Han desaprovechado demasiado tiempo para que asumamos esa hipótesis como correcta. La posición del Gobierno, de la Generalitat y del Parlamento catalán, que ayer mismo instaron al TC a que se abstenga de dictar el fallo y que se declare «incompetente», nos hace pensar que, como en todo este proceso, el PSOE sólo busca demorar aún más la sentencia e intervenir en su redacción con un cambio de jueces que pudiera alterar la actual composición del Tribunal, que entiende desfavorable a sus tesis. En esa estrategia cabría también la posibilidad de que Hernando y López fueran recusados por haberse pronunciado sobre el Estatut cuando integraban el Consejo General del Poder Judicial. Ni la mayor parte de la clase gobernante catalana ni los socialistas en Madrid han sido respetuosos con la independencia del TC ni con su trabajo. Las presiones, los ataques, las tretas para cambiar las reglas del juego no son de recibo ni resultan admisibles en democracia. Ayer, el Parlament y la Generalitat hablaron de «anomalía» y de «ridículo», pero el despropósito mayor ha sido la pretensión institucional de torcer por las bravas la resolución y desprestigiar a los magistrados. El Senado comenzó ayer el procedimiento para renovar el Tribunal, y es positivo, pero ese proceso no puede inhabilitar a los magistrados actuales, que serán plenamente competentes hasta que sean sustituidos. En estos momentos, lo urgente y lo prioritario es dictar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, tras cuatro años de deliberaciones, para acabar con la provisionalidad de las leyes emanadas de la norma estatutaria. Las maniobras para entorpecer este proceso hacen un flaco favor a la democracia y a uno de sus pilares, el principio de legalidad.