José Ignacio Wert: «Sin los recortes los profesores no cobrarían»

Al ministro de Educación, José Ignacio Wert, no parece inquietarle la huelga en la Educación que está prevista para mañana martes. Tiene las ideas claras. Ni las comunidades autónomas van a dejar de aplicar los recortes en materia educativa que están previstos para cumplir los objetivos de déficit, sean del signo político que sean, ni la huelga va a cambiar el panorama educativo. Justifica los recortes que se van a llevar a cabo como una «operación de salvamento» del sistema, que trata de conjugar la equidad en el gasto, cuando no queda más remedio, con el mantenimiento de la calidad en la Educación.

–¿Tiene sentido una huelga en la educación ahora, a final de curso y cuando ya se han aprobado los recortes que se van a acometer?
–Sin poner en cuestión el derecho a la huelga, lo que no tiene sentido es que se convoque una huelga basada en afirmaciones falsas acerca de los motivos de la convocatoria. Los convocantes han hablado del despido de 100.000 interinos y asociados, pero solamente el ahorro que supondría la desaparición de esos puestos de trabajo sería bastante más de lo que suponen todas las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 14/2012 en términos de ahorro de gasto.

–¿Todos los argumentos que defienden son falsos?
–Ellos saben que lo que están diciendo no es verdad. Veo que también utilizan el argumento del hacinamiento en las aulas. No se puede engañar a la opinión pública porque se haya concedido solamente un 10% de flexibilidad adicional en el tamaño de los grupos, cuando más del 90% de los grupos en Primaria y el 95% de Secundaria están por debajo del tamaño de referencia, es decir, de los 25 en el caso de los de Primaria y los 30 en Secundaria. En Bachillerato la situación es exactamente igual. Supera con holgura el 95% las unidades que están por debajo de los 35 de tamaño máximo sin la flexibilidad que introduce el real decreto ley. No se puede decir por parte de los sindicatos, como se ha dicho, que se está reduciendo el gasto público en Educación entre el 25 y el 30%. Las opiniones son libres pero los hechos hay que respetarlos. El ahorro en Educación de todas las autonomías puede estar en torno al 5%. Una reducción del gasto público educativo per se no es buena ni deseable, pero en aspectos como el de aumentar las ratios no se hace por gusto, no se hace porque se quiera hacer, sino por que se tiene que hacer. Dentro de unas necesidades optamos por unas medidas que entendemos que resultan en absoluto lesivas o menos lesivas para mejorar la calidad de la enseñanza.

–Si ninguna de las motivaciones de la huelga es real, ¿qué motivación hay detrás?
–Hay una cierta defensa de intereses pero es preciso tener sensibilidad con las circunstancias. Se están pidiendo muchos sacrificios a mucha gente y evidentemente siempre procuramos que sean lo menos dolorosos y lo más repartidos posibles, pero lo que no es posible es eximir a determinados sectores. La Educación es un campo más sensible, con 7,5 millones de alumnos, toca a la mayor parte de las familias y es un campo abonado para la demagogia. La huelga, si se plantea como un mecanismo para paralizar las medidas del real decreto, resulta inútil.

–Los profesores sí se sienten especialmente perjudicados y no han ocultado su disgusto.
–En lo que respecta a la calidad de vida de los profesores, resulta más lesivo por el aumento de horas lectivas. Somos conscientes de que es una medida que cuesta y que les supone un esfuerzo adicional, aunque su jornada sigue siendo de 37 horas a la semana. Se está marcando un mínimo de 27 horas en Secundaria y de 25 en Primaria. Actualmente ya había muchas comunidades autónomas que estaban haciendo 25 y en Secundaria la media estaba en 18. ¿Preferiríamos que mantuvieran las mismas horas lectivas y manteniendo la misma jornada? Sin duda, pero las circunstancias son las que son. Además hemos planteado estas medidas con un claro carácter temporal. En el momento en el que las circunstancias lo permitan, estableceremos una tasa de reposición por lo menos del 50%.

–Si no se hubieran hecho estos recortes en la Educación, ¿qué panorama nos encontraríamos?
–La alternativa a estas medidas, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas no pueden pedir dinero prestado porque no se lo da nadie, es que puede que llegue un día 30 y no tengan con qué pagar a los profesores. Sería importante que aquí todo el mundo se instalara en el discurso de la realidad porque la austeridad no es una opción, es una exigencia igual que la eficiencia económica. Las cosas que se han podido hacer en una situación de largueza económica y financiera no son las mismas que se pueden hacer en una recesión. Haría falta un mínimo de honestidad intelectual para reconocer que entre el año 2000 y 2009, en el que la inversión pública en educación se ha multiplicado por dos (ha pasado de 27.000 a 53.000 millones de euros), los resultados han descendido. Por ello, no se puede plantear la cuestión educativa como si fuera sólo una cuestión de recursos porque éstos han aumentado muy significativamente y los resultados han disminuido. No digo que una Educación de calidad se puede hacer sin recursos. Eso sería un disparate, pero seamos todos honestos y reconozcamos que no sólo está la cuestión de recursos sino que hay más cuestiones.

–Dice Rubalcaba que recortar la Educación es recortar el futuro.
–Pues yo digo que recortar el futuro es dejar el déficit actual y el futuro vive en el terreno del diálogo con la realidad.

–¿Le consta si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera algún consejero puso alguna pega respecto a la Educación?
–No, pero sí me consta que el resultado pasa por que todas las autonomías, gobernadas por quien sea, van a aplicar en Educación los mecanismos de ajustes que les hagan falta.

–¿Es verdad que más de la mitad del presupuesto del Ministerio ya está comprometido por las becas del curso pasado?
–Las becas son un derecho, no son competitivas. Cuando la demanda supera la consignación presupuestaria se consumen recursos a cuenta del ejercicio siguiente. Viene sucediendo desde hace años y las becas consumen una parte muy importante del presupuesto.

–En esta huelga se van a ver afectados menores. ¿Debería haber algún tipo de regulación para que no se vieran afectados?
–Más importante que cambiar la legislación es apelar al sentido de la responsabilidad. Animaría a quienes las convocan a plantearse sobre quién recaen sus efectos. Creo que deberían pensar a quiénes perjudican y qué parte tienen esos perjudicados en aquello que motiva la huelga. Al final, el perjuicio se causa a aquellos que no tienen nada que ver. Se nos pide que no hagamos determinadas cosas que no hay más remedio que hacer. La respuesta de la huelga es desproporcionada e inadecuada.

–¿La huelga va a cambiar en algo las cosas?
–Absolutamente en nada. Va a cambiar a mal en el trastorno que va a causar a las familias, a los propios estudiantes…

–¿Qué perdemos con esta huelga?
–Una fracción de contenido educativo que tienen que recibir los alumnos. Perderán el día que se descontará a los que participen en la huelga y nada más. El decreto ley se va a aplicar y las comunidades ya han manifestado que tienen un compromiso de reducción del gasto total de 18.300 millones de euros y ese compromiso es imposible de conseguir si no se llevan a cabo las eficiencias que se han comprometido en materia educativa. Los sindicatos son conscientes de la absoluta irrelevancia respecto al cambio en las políticas de la huelga que van a hacer. Es un intento de demostrar la fuerza que obviamente se hace contra el derecho de los estudiantes a recibir enseñanza y contra la calidad de la educación que se dice estar defendiendo.

–Dice que las medidas serán reversibles cuando acabe la crisis.
–No todas ellas. Algunas son puramente de eficiencia que valen tanto para tiempos de escasez como para los de bonanza.

–¿Cuáles son las que perdurarán?
–Las que introduzcan racionalidad en la oferta universitaria tienen vocación de permanencia. Un país, aunque sus finanzas públicas vayan bien, no tiene por qué sufragar que se impartan grados que tienen año tras otro menos de 20 alumnos, porque para ellos necesitas no menos de 8 profesores. Eso es un disparate. Hay cosas que aunque seas rico, que no es el caso, no las puedes ni las debes hacer. Parte de las medidas que van incluidas en el decreto ley van en esa dirección. En Secundaria, por ejemplo, ¿por qué tiene que ofrecer todo centro al menos dos modalidades si a lo mejor en el de enfrente se ofrece una modalidad y en el que está en frente de la calle se ofrece otra y no hay necesidad de duplicar recursos? Una cosa es que se puedan ofrecer dos y otra que se tengan que ofrecer, porque eso es una rigidez absoluta que lleva mucha ineficiencia. Nos encontramos aulas a veces con pocos alumnos que pedagógicamente también son ineficientes porque por debajo de un determinado número tampoco es conveniente.

–¿La subida de tasas se mantendría?
–Esto no lo hemos planteado ni como permanente ni como no permanente. Hace unos días ha comenzado a funcionar una comisión de expertos que tiene que analizar el capítulo de la financiación de la universidad. Sin prejuzgar lo que pueda decir, lo que hemos hecho es facilitar a las comunidades autónomas llegar al 25% del coste efectivo. Es decir, que le damos la posibilidad de mantener más o menos la situación actual y aumentar la cobertura respecto al coste en 10 puntos. Esto en la primera matrícula. El segundo aspecto es un encarecimiento sustancial de los precios de la segunda, tercera y sucesivas matrículas en grados y másteres habilitantes.

–Por lo que comenta, se trata de ponérselo cada vez más difícil a los repetidores.
–Se dice que no va a permitir el acceso a la universidad a los alumnos que tienen menos recursos pero ese argumento no se tiene de pie porque, por un lado, no hemos modificado los umbrales económicos en las becas, lo que quiere decir que aquel que pagaba cero euros de los 950 de media que costaba la matrícula de un curso de grado va a seguir pagando los mismo: cero euros. Pensemos en que, si se reparte el coste de la Universidad entre un 15% que paga el beneficiario y un 85% que paga el Estado, en ese reparto no hay ninguna consideración sobre el nivel socioeconómico. Es decir, la beca implícita del 85% la recibe el hijo cuyo padre gana 350.000 euros y el hijo cuyo padre gana un euro más del umbral económico por debajo del cual se recibe la beca, 24.000 para una familia de 3 miembros. Eso no parece muy equitativo. Dado que se está sufragando vía impuestos, si tenemos en cuenta que a la universidad van hijos de familias con un nivel de renta superior a la media e hijos de familias con un nivel de renta inferior a la media, lo que está haciendo este sistema es transferir renta desde las familias con menos recursos a las que más tienen. Eso también resulta antiequitativo.

–Esto guarda relación con las fuentes de financiación universitaria...
–La Universidad se financia de formas muy distintas. Tenemos el modelo anglosajón, en el que el estudiante lo paga todo y para que el precio no sea un freno para que la persona con talento y sin recursos pueda estudiar hay un sistema muy amplio de préstamos en el que el estudiante devuelve a lo largo del tiempo y hay un sistema de becas. Es el sistema que rige en EE UU y algunas economías asiáticas. Luego está el sistema europeo continental, en el que no se paga prácticamente nada en la universidad. En Francia y Alemania no va quien quiere, sino quien el Estado quiere que vaya. El sistema es extraordinariamente selectivo y la Universidad está concebida como una institución de excelencia sólo para alumnos muy buenos.

–¿Eso significa que en España sólo irán los «muy buenos» a la universidad?
–Quizás eso sea excesivo. Lo que sí vemos es que hay una debilidad de la Formación Profesional (FP). Al acabar la fase obligatoria, un 60% va a Bachillerato y el 40% a FP. Eso invierte la distribución que hay en Alemania, donde más del 65% va a FP. La FP adecuadamente reformada proporciona una empleabilidad más inmediata que el camino convencional del Bachillerato. Quien va a la universidad obtiene un cierto rédito, que es que va a ganar más cuando entre en el mercado de trabajo, cuando lo haya. Los estudios sobre el impacto de la educación en el empleo señalan que se podría dividir el beneficio público que obtiene un país por tener una juventud con formación universitaria y el beneficio privado que obtiene el que ha tenido esa formación universitaria. Es un reparto en el que 70 es para el individuo y 30 para un país. Si quisiéramos ser muy equitativos, tendría sentido decir que el gasto público en Educación representara el 30% de todo el gasto en Educación superior y el gasto privado fuera el 70%. Si vamos a eso, habría que arbitrar un sistema más amplio de becas, que por supuesto habría que hacerlas más generosas, y también de préstamos. Un cambio en el sistema de financiación de la universidad hay que hacerlo con mucha conciencia de las implicaciones y gradualmente.

–Contamos con más universidades que Alemania y no tenemos ninguna entre las 150 mejores.
– Tendríamos que reflexionar más que sobre el número de universidades. A mi juicio, es más importante la especialización de la oferta. Es decir, creo que nuestro problema no es tanto de número de universidades cuanto que todas esas universidades ofrecen de todo y no hay especialización. Se da por supuesto que todos los campus tienen que ofrecer de todo.

–¿Tenemos garantizada la calidad con los recortes?
–Yo les diría a las familias que esto es una operación de salvamento del sistema educativo. Se ha tratado de hacer compatible la mayor eficiencia con el menor impacto negativo posible sobre la calidad de la educación. Supone un sacrificio. Tenemos que hacer un esfuerzo para que muchos profesores se sumen al esfuerzo que se les está pidiendo. Andalucía ha tomado una decisión que es que no va a utilizar el aumento de flexibilidad que se da en las ratios, y en cambio le va a bajar el sueldo un 5% a los funcionarios y un 15% a los interinos. Es una opción legítima, es legal, pero es igualmente legítimo preguntarse qué es más oportuno, que haya dos niños más en algunas aulas o que a todos los profesores se les rebaje el sueldo. Vamos a dejar a un lado los mundos de Yupi y a instalarnos en la realidad y la realidad es que todas las autonomías tienen que cumplir el déficit y todas han reconocido que tienen que buscar eficiencia en Sanidad y Educación. Hemos buscado las medidas que pueden tener menos impacto sobre la calidad. Vamos a estar sumamente vigilantes sobre los efectos.

–Los rectores están molestos porque no les ha consultado y por la forma en que se han aprobado los recortes, por real decreto.
–Saben perfectamente que el real decreto ley se reserva para situaciones de extrema necesidad, y reducir el déficit es una situación de extrema y urgente necesidad. Se consultó con la sectorial de Educación y con la conferencia general de política universitaria y, tras aprobarse, se celebraron reuniones con la permanente del consejo de rectores, con las asociaciones de estudiantes y los sindicatos. Si todas las medidas que tienen que tener impacto en el próximo curso hubiesen tenido que ser objeto de diálogo previo y negociación como las que piden algunos, entrarían en vigor en el curso 2014-2015. Es decir, no tienen razón respecto a la forma, aunque entiendo que pueda haber puntos de vista distintos respecto del fondo. Tienen que pensar que el financiador principal de las universidades va a reducir su financiación porque no tienen más remedio. No está en mi interés tener un desencuentro ni una postura de hostilidad con ellos, aunque la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no se ha pronunciado con un exceso de simpatía hacia mí y, en algún caso, de educación. Lo que no podemos es pedirles a unos que apliquen el principio de la realidad y dejar que otros vivan en el reino de la fantasía. Emplazo a los rectores a que digan si, sometidos a una evidente reducción de los ingresos que reciben de las autonomías, creen que pueden hacerlo sin mermar la calidad y en las condiciones que venían haciéndolo.

El sistema educativo, «gripado»El titular de Educación es consciente de que a nivel educativo, España ha experimentado un avance gigantesco en materia de cobertura. De hecho, en los últimos veinte años se han invertido muchos recursos, y en los últimos diez, en los que se han seguido incrementando esos recursos, el sistema se ha «gripado», no ha dado más de sí. En su opinión, «se han puesto de manifiesto problemas del diseño. Ya no estamos hablando de un problema de recursos, sino de orientación», apunta José Ignacio Wert.

«La elección de los líderes estudiantiles es discutible»
–¿Qué opina de la portada de LA RAZÓN en la que se sacaba a la luz el currículum de los representantes estudiantiles?
–Estaba en Bruselas y el eco me llegó hasta allí. Es evidente que tuvo un gran impacto. Los mecanismos de representación de los estudiantes son los que son. Ahora, tengo la impresión de que en aquellos casos en que se produce una especie de selección cuestionable y discutible tiene que ver con la seriedad del mecanismo por el que son elegidos. Me gustaría saber qué porcentaje de los estudiantes participaron en el proceso selectivo. Yo recuerdo mi época de estudiante, cuando la representación tenía un fortísimo contenido reivindicativo. La mayoría tenía una ideología claramente izquierdista y eran los mejores estudiantes. El delegado era siempre un alumno aplicado. La representación de los estudiantes en la Universidad es un asunto que el consejo de expertos tendrá que analizar porque forma parte de un capítulo como es el de la gobernanza de la Universidad.