«Que la SGAE devuelva el dinero»

La decisión que el pasado jueves tomó el Tribunal de Justicia de la UE, que recortó la aplicación del canon digital en España, va a traer consecuencias encadenadas difíciles de prever. Una de ellas la expresó ayer el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, que reclamó a las entidades de gestión, y en particular a la SGAE, que devuelvan el dinero cobrado ilegalmente a empresas e instituciones. En declaraciones a Servimedia, Uriarte preguntó al Gobierno «de qué forma se va a devolver ese dinero y quién se va a hacer cargo de las indemnizaciones por daños y perjuicios a partir de ahora».

El canon digital es una tasa que se aplica a los soportes de grabación y que el Gobierno aprobó a finales de la pasada legislatura como fórmula para compensar a los artistas por la «piratería». Para Uriarte, la sentencia confirma que la tasa es «parte del engaño de Zapatero y del PSOE, que espero que supriman con la misma inmediatez con la que lo aprobó, para que los derechos de autor se paguen no desde el abuso y sí desde la seriedad y el diálogo».

«Que den explicaciones»
La sentencia del Tribunal de la UE establece que el gravamen no se puede aplicar a empresas o instituciones porque sus fines con la adquisición de soportes de grabación no son los de guardar obras protegidas, pero sí reconoce su legalidad sobre las personas físicas. Tras el varapalo judicial, Uriarte reclamó que se asuman «responsabilidades políticas» y solicitó a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dé «explicaciones públicas».

El presidente de Nuevas Generaciones se mostró partidario de la protección de los derechos de autor «porque la cultura no puede ser gratis. Los escritores y músicos deben ser retribuidos por sus obras de un modo justo», afirmó.

Más de 90 millones
Uriarte pidió ayer «soluciones» para que la gestión de los derechos de autor no esté en manos de «instituciones opacas como la SGAE que no se pueden fiscalizar». Por eso, y a pesar de que esta entidad no ha hecho público el dinero recaudado de una forma que el Tribunal de la UE ha declarado ilegal, sólo en el año pasado podría haber ingresado más de 90 millones de euros, según asegura Uriarte.