Barones del PP piden a Rajoy que acelere los hispabonos

MADRID- Esta semana entra en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y también vence el plazo para que las comunidades presenten en el Ministerio de Hacienda unos presupuestos que se ajusten a un déficit del 1,5 por ciento, según lo establecido por Bruselas. En teoría, el Gobierno ya estaba constitucionalmente facultado para intervenir aquellas autonomías que no cumplieran con sus obligaciones, pero la nueva ley blinda, sin duda, una posibilidad que en el Gabinete de Rajoy en absoluto descartan.

«Todo está abierto y lo que ocurra dependerá de lo que hagan las comunidades», advierten. Algunas han tenido incluso problemas para pagar las nóminas de sus funcionarios y ha sido el Estado el que ha tenido que anticipar los pagos para evitar el «default» de Tesorería, como recuerdan, precisamente, en el Gobierno cuando se les pregunta por el futuro autonómico.

De hecho, en la última cumbre territorial, que se celebró en Génova, fueron varios los «barones» que abogaron por la creación de hispabonos, entre ellos el valenciano Alberto Fabra. El presidente valenciano se quejó a puerta cerrada de que sus bonos patrióticos le habían costado cerca de un 8 por ciento, entre intereses y comisiones, cuando las emisiones del Estado costaban un 4 por ciento. Un dato, subrayan también en el Gobierno, que confirma la falta de confianza de los mercados en las autonomías.

En Hacienda preocupa especialmente lo que puede venir con el siguiente otoño. El grueso de los vencimientos de deuda de las comunidades se concentra para después del verano. Ahora urge colocar la deuda del Estado, pero será a partir de septiembre cuando habrá que cubrir, de golpe, financiación por más de 20.000 millones de euros. Y en vísperas de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que validará o «tumbará» los presupuestos autonómicos en el Gobierno se hacen una pregunta bastante reveladora: ¿podrán las comunidades acudir a los mercados sin arriesgarse a no poder cubrir las emisiones? Esa posibilidad, de confirmarse, supondría un escenario de impagos reales que el Ejecutivo considera imprescindible desactivar cuanto antes. Por eso esta semana empieza una cuenta atrás en la que en Moncloa sostienen en privado que no dudarán en activar la intervención de aquellas autonomías «que no asuman su responsabilidad y que no actúen con sentido de Estado».Estas dos condiciones exigen drásticos ajustes del gasto público y recortes en todos los ámbitos sin precedentes en nuestro modelo autonómico.

En paralelo, este mes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la reforma de las administraciones públicas, que incluirá la revisión de competencias y el agrupamiento de ayuntamientos, entre otras medidas, para ganar en eficiencia y ahorrar gastos. Administraciones Públicas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades llevan ya tiempo negociando a puerta cerrada al respecto.

En materia de competencias, después de la reforma sanitaria y en Educación, la siguiente urgencia está focalizada en Justicia, Dependencia y universidades con el objetivo de reajustar los términos de las transferencias y de la legislación básica del Estado. El Gobierno quiere delimitar la responsabilidad del gasto y las comunidades exigen que no se sigan adoptando decisiones en el Congreso que afectan directamente a sus arcas. Desde Moncloa anticipan que habrá novedades en estas materias.

En un momento tan delicado como éste, desde el Gobierno recuerdan que la Ley de Financiación Autonómica que el PSOE aprobó en noviembre de 2009, por un solo voto y como cesión a la Generalitat catalana, no ha servido para evitar que las comunidades estén ante el precipicio de la quiebra. Esa ley consagró, además, la disparidad en prestaciones y servicios en cada región, lo que, a juicio del Ejecutivo, ha agrandado el problema. Tanto en esta norma como también en la anterior, que redactó el Gobierno de Aznar, se creó una bolsa general que se repartía proporcionalmente a unos determinados índices (población con determinados correctores), que luego cada comunidad distribuía como consideraba.

Esto ha alimentado un mapa dispar y desigual sobre lo que gastan unas y otras en servicios comunes como la sanidad, la educación o la dependencia. El sistema de financiación tampoco ha conseguido que cada comunidad aplique su propia corresponsabilidad fiscal, un error que se inició en la etapa de Aznar y que el PSOE extendió hasta el límite.

Si no cumplen serán intervenidas
Cristóbal Montoro ya advirtió que las autonomías que no cumpliesen con el déficit serían intervenidas. Hoy vence el plazo para que las comunidades presenten sus planes. Ahora el Consejo de Política Fiscal hará públicos los presupuestos finales que le presenten las comunidades.